GUSTAVO WILCHES-CHAUX: DESASTRES
Miércoles 25 de mayo, 2005
De: Mario Pachajoa Burbano

Amigos payaneses:

Gustavo Wilches-Chaux presenta aspectos para meditación que contendrá
la nueva Ley "Normas sobre la Movilización Nacional para atender
situaciones de emergencia causadas por conflictos que afecten la
seguridad y defensa nacional, como por actos terroristas, calamidades
públicas, desastres naturales o producidos por el ser humano...”

Cordialmente,

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¿PARA QUÉ ECHAR A LA GUERRA LOS DESASTRES?
Por: Gustavo Wilches-Chaux"
wilcheschaux@etb.net.co
25 de mayo, 2005

La edición 145 de la Gaceta del Congreso (abril 5/2005) publicó el proyecto de ley numero 254 de 2005 “por medio de la cual se expiden normas sobre la Movilización Nacional para atender situaciones de emergencia causadas por conflictos que afecten la seguridad y defensa nacional, como por actos terroristas, calamidades públicas, desastres naturales o producidos por el ser humano...”

Dicho proyecto ya había sido archivado en la legislatura del año 2002, pero lo volvió a presentar el Senador Manuel Ramiro Velásquez, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional del Senado.

El proyecto y la exposición de motivos que lo sustenta, merecen una serie de comentarios, especialmente porque, de aprobarse esa ley, en la práctica suplantaría al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), que nació como resultado de un proceso de reflexión y planificación que apoyó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con posterioridad a la avalancha de Armero. Como se sabe, ese desastre significó la muerte de más de 20 mil personas. Un precio demasiado alto en vidas humanas y pérdidas materiales, pero que por lo menos sirvió para que el país entendiera que teníamos que contar con nuevos enfoques, estrategias y formas de organización para responder y, en lo posible evitar o reducir el impacto de futuros desastres.

El Sistema se ha venido consolidando en Colombia en las dos últimas décadas, a lo largo de las cuales, como cualquier proceso “vivo”, ha tenido múltiples retrocesos, pero también varios avances. Con base en el Sistema colombiano, y también con el apoyo del PNUD, se han establecido sistemas similares en varios países centro y suramericanos y, a pesar de que siempre será susceptible de mejorarse, el nuestro continúa siendo “modelo”. No sólo desde el punto de vista de su formulación teórica, sino sobre todo porque, en la práctica, las instituciones y demás actores que lo conforman han logrado generar diálogos y establecer mecanismos de coordinación que faltan en otros países. Por esas y otras razones, sería una vergüenza que el Senado le diera al Sistema entierro de tercera.

Cuando uno lee el proyecto de ley y su exposición de motivos, necesariamente se tiene que preguntar por qué, en varias partes, meten dentro del mismo costal todas las “situaciones de emergencia por desastres naturales, orden público, actos terroristas, emergencias que afecten la seguridad y defensa nacionales o calamidades públicas.” Unas y otras situaciones responden a causas y procesos distintos y exigen tratamientos diferentes. De lo contrario no vamos a entender por qué suceden los desastres y, en consecuencia, tampoco vamos a poder generar las respuestas adecuadas, y mucho menos evitarlos. Una prueba de que quienes elaboraron el proyecto no entienden integralmente el problema, es que en la exposición de motivos hacen referencia a “esa naturaleza impredecible que abraza nuestra geografía nacional”, a pesar de que no es difícil demostrar que la gran mayoría de los desastres que han afectado al país en los últimos 30 años, tienen carácter de repitentes. Así por ejemplo, fenómenos similares a los que produjeron los desastres de Popayán (1983), del Atrato Medio (1992), de Tierradentro (1994) o del Eje Cafetero (1999), o la avalancha de Armero (1985), o los desastres que está provocando la actual temporada invernal en Colombia, ya se habían presentado antes en los mismos lugares. Si generan efectos más catastróficos, es porque ahora hay más gente, y porque las condiciones de vulnerabilidad son mucho mayores. Pero no hay tal que la naturaleza sea impredecible.

Como el espacio es corto, voy a citar solamente algunos de los muchos aspectos que preocupan de esta que podría llegar a convertirse en Ley de la República. Uno, la concepción bastante peculiar –y vertical- que revela el artículo noveno “De la articipación ciudadana: Todos los colombianos, ajustado en lo determinado por la Constitución y la ley, tienen el deber solidario y la obligación ciudadana de acudir a la Movilización cuando el Presidente de la República la decrete.” Más adelante, en su artículo 16, el proyecto clasifica los “Grados de Movilización” y establece que ésta “podrá ser total o parcial”. Y para el caso de la “Movilización Total”, afirma que “no tendrá más limitaciones que las impuestas por la necesidad de respetar los derechos que no resulten afectados por el decreto de Movilización.” Debemos preguntarnos: ¿Y los derechos que sí resulten afectados qué? ¿Quién y con qué criterio determina cuáles sí y cuáles no “resultan afectados”? Dejo las posibles interpretaciones y consecuencias en manos de lectores y lectoras.

Y por último, mientras la Comunidad Andina (de cuyas instancias directivas y ejecutivas forma parte el Gobierno de Colombia), está trabajando en la definición de una “Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres” que busca que en los países de la región existan aproximaciones y políticas comunes en esa materia, y que cada país pueda cooperar con los demás para evitar los desastres o responder cuando ocurran, el penúltimo artículo del proyecto de ley (artículo 33 – Transitorio) establece que “El Presidente de la República, dentro de los treinta (30) días siguientes a la sanción de esta ley, podrá convocar al alistamiento de ciudadanos colombianos entre oficiales y suboficiales en uso de buen retiro y profesionales de la reserva, con el fin de fortalecer la vigilancia en las fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador.” Este es apenas un ejemplo de los problemas que acarrea equiparar los desastres de origen natural con una (¿posible?) guerra fronteriza. Darles tratamiento exclusivamente militar a los desastres resulta simplista y equivale a eliminar de un tajo la complejidad e integralidad de la gestión del riesgo.

Por más fallas que le reconozcamos al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el hecho de que todos los días no seamos testigos de más y mayores desastres, en buena medida se debe a su presencia, existencia y operatividad en distintos lugares y niveles.

La gestión del riesgo es un derecho ciudadano y el Sistema forma parte de nuestro patrimonio colectivo. “Movilicémonos” sí, pero para defenderlo.

Gustavo Wilches-Chaux