BITÁCORA PAYANESA
MEDIDAS DE RETORSIÓN. PANAMÁ.
De:  Mario Pachajoa Burbano
.Martes 21 de octubre, 2014.
http://mariopbe.com/
mariopbe@gmail.com

Amigos;

La Revista Semana de Bogotá, define asi un "paraiso fiscal":

Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se instalan en el mismo y se benefician de los efectos legales que rigen en el mismo. Normalmente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, lo cual resta ingresos a su país de origen en materia tributaria.

["Medidas de retorsión, en Colombia equivaldría a  Cláusulas de Reciprocidad.".
Internet.],

Cordialmene,

***

TEXTO PANAMEÑO.

Competencia Fiscal y Retorsión
Un foro que promueve la libre competencia fiscal y defiende la ejercicio de soberanía y medidas de retorsión por centros financieros emergentes.

LUNES, 20 DE JULIO DE 2009
Ley 58 de 2002 que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias.

G.O. 24701
ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA
LEY No. 58
De 12 de diciembre de 2002
Que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias
extranjeras contra la República de Panamá

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:

Artículo 1. Los países que en sus leyes, reglamentos, prácticas, resoluciones, fallos o sentencias discriminan en contra de cualquier persona natural o jurídica, bien, servicio, obra pública, arrendamiento, valor, título o fondo de procedencia panameña, podrán quedar sujetos a un trato recíproco por parte de la República de Panamá, así como a las medidas de retorsión específicas a las que se refiere esta Ley, sin perjuicio de que la República de Panamá, a su vez, tome todas o cualesquiera acciones necesarias para impugnar dichas medidas discriminatorias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y/o cualesquiera otras entidades internacionales competentes.

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se definen así:

1. Acto o procedimiento de selección de contratista. Procedimiento administrativo por el cual el Estado, previa convocatoria, selecciona entre varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, la propuesta que reúne los requisitos que señalan la Ley 56 de 1995, sobre contratación pública, sus modificaciones y reglamentos, así como el pliego de cargos, al igual que el Acuerdo 24 de 1999, que aprueba el Reglamento de Contrataciones de la Autoridad del Canal de Panamá, sus modificaciones y el pliego de cargos.

2. Acto o procedimiento de selección de concesionario. Procedimiento administrativo por el cual el Estado selecciona entre varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a un concesionario para la ejecución de obras públicas o de cualquier otra naturaleza o para la prestación de un servicio, conforme a sus disposiciones legales y reglamentarias.

3. Entidad pública panameña. Toda entidad del Gobierno Central o descentralizada, incluyendo entidades autónomas, semiautónomas o municipales, y cualquier otra que se rija por las disposiciones legales y reglamentarias en materia de contrataciones públicas o concesiones administrativas, así como sus direcciones o dependencias, con inclusión de la Autoridad del Canal de Panamá.

4. Medidas de retorsión. Mecanismo para hacer frente a discriminaciones comerciales extranjeras, consistente en la aplicación de restricciones a la participación en contrataciones públicas o concesiones administrativas en el territorio nacional, a las personas naturales o jurídicas de cualquier país que discrimina contra la República de Panamá.

5. País que discrimina. Todo país que impone restricciones discriminatorias contra la República de Panamá, a través de sus leyes, reglamentos, prácticas, resoluciones, fallos o sentencias en contra de cualquier persona natural o jurídica, bien, servicio, obra pública, arrendamiento, valor, título o fondo de procedencia panameña. 

6. Persona de un país que discrimina. Cualquier persona natural que sea nacional de un país que discrimina, o cualquier persona jurídica incorporada, organizada, constituida, establecida, registrada o que tenga su domicilio principal en un país que discrimina.        \

7. Proponente. Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que participa y presenta una oferta en un acto de selección de contratista bajo la Ley 56 de 1995, sus reglamentos y modificaciones, al igual que bajo el Acuerdo 24 de 1999 y sus modificaciones, o que participe o presente una propuesta en un acto o procedimiento de selección de concesionario, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de concesiones administrativas.

Artículo 3. Una vez identificada la discriminación, el gobierno panameño consultará, en un plazo de seis meses, con el gobierno que ha adoptado la medida discriminatoria para lograr una solución bilateral del caso, mediante un acuerdo que elimine los efectos de dicha medida. Si transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior no se ha logrado un acuerdo satisfactorio para ambas partes, el respectivo país será incluido mediante resolución interministerial motivada de los ministerios de Comercio e Industrias, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, en la lista de países que discriminan contra la República de Panamá. Esta lista tendrá carácter público e indicará la naturaleza de la discriminación, lo que les permitirá a los representantes del país que discrimina contra la República de Panamá, o a otras personas con interés demostrado, presentar los argumentos apropiados que favorezcan su exclusión. Dicha lista será actualizada según sea necesario y cuando menos una vez al año.
Un país será excluido de esta lista mediante resolución motivada del Ministerio de Comercio e Industrias, una vez que cese la discriminación contra los intereses panameños o se obtengan seguridades satisfactorias de su cesación, por conducto de las canales diplomáticos o bilaterales apropiados al caso.

Artículo 4. Luego de evaluar todos los aspectos del caso, el Presidente de la República y el Consejo de Gabinete decidirán si se aplican o no las medidas de retorsión a los países que se encuentran en la lista de los que discriminan contra la República de Panamá. Así mismo, podrá resolver la no aplicación de las medidas dispuestas en esta Ley cuando se trate de donaciones otorgadas al Estado panameño y en otros casos en que el interés nacional así lo amerite.
La decisión de aplicar o no las medidas recíprocas a que hace referencia el artículo 1 de la presente Ley, se tomará con base en el mismo procedimiento antes descrito para la aplicación de medidas de retorsión.

Artículo 5. Las instituciones, empresas o ciudadanos de países a los que se les apliquen medidas de retorsión de acuerdo con esta Ley, no podrán participar en ningún acto o procedimiento de selección de contratista o de concesionario de carácter nacional o internacional, que se celebre en la República de Panamá, convocado por una entidad pública panameña, por sí mismos o por interpuestas personas. No obstante, todo proponente, para efecto de participar en un acto o procedimiento de selección de contratista o de concesionario deberá presentar con su oferta una declaración jurada en la cual certifica lo siguiente:
1. Que no es una persona de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a esta Ley;
2. Que no es controlada directa o indirectamente por una persona de un país al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la presente Ley;
3. Que al presentarse como proponente, no actúa en representación de una persona o entidad de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a esta Ley; 4. Que en la ejecución de la contratación pública o concesión administrativa de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte del contratista o concesionario, o una combinación de éstos, que proviene de países a los cuales se les aplican las medidas de retorsión conforme a la presente Ley, no superará el diez por ciento (10%) del valor total de la contratación pública o concesión administrativa de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicha contratación pública o concesión administrativa, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.
Parágrafo. Quien presente una declaración falsa, además de las penas previstas para ella en el Código Penal, será objeto de una sanción pecuniaria consistente en un recargo administrativo igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato o licitación, o al diez por ciento (10%) del valor anual del contrato o licitación si éste es de naturaleza renovable o recurrente.
Si el que presenta la declaración falsa hubiese resultado favorecido con el contrato o la licitación, la sanción pecuniaria se aumentará al doble, es decir, al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato o licitación o al veinte por ciento (20%) del valor anual del contrato o licitación si éste es de naturaleza renovable o recurrente.
La persona jurídica o natural que omita presentar la declaración, quedará inmediatamente descalificada del contrato o licitación.
Las personas que aporten información que permita comprobar que un certificado contiene información falsa, serán beneficiarias de la mitad del recargo impuesto.
Artículo 6. Las medidas de retorsión señaladas en la presente Ley no tendrán efecto retroactivo.
Artículo 7. La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación.

REFERENCIA: INTERNET.

***

Si desea descontinuar el recibo de estos artículos de la Red payanesa
 por favor informar a 
mariopbe@gmail.com .
 
To receive no further e-mails, from Red payanesa, please reply 
to 
mariopbe@gmail.com .