PROMESAS NO CUMPLIDAS
De:  Mario Pachajoa Burbano
Jueves 25 de septiembre, 2014
mariopbe@gmail.com
Popayán, Red Patoja

Amigos:

El departamento del Cauca seria un extenso lugar hermoso y confortable para vivir, aceptables carreteras, escuelas públicas suficientes, sus pueblos con acueductos, electricidad, multitud de obreros trabajando en miles y miles de nuevas de viviendas, inclusive para desamparados, sin problemas de mineros, ni de agricultura, ni fuerzas destructoras.. Todo esto es absolutamente posible, real, si los gobernantes nacionales que lo visitan, sus gobernadores, alcaldes, congresistas, cumplieran sus promesas públicas que hicieron para lograr o justificar sus exitosas y opulentas designaciones. Desafortunadamete ¡Es sólo un hermoso sueño!.

Cordialmente,

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NOS  'MAMARON GALLO' A TODOS. AUTORIDADES INCAPACES DE CONTROLAR LA MINERIA ILEGAL EN NORTE DEL CAUCA ...
Por:  Alfonso J. Luna Geller
Proclama del Cauca
24 de septiembre 2014
Santander de Quilichao, Cauca, Calombia

La gente es feliz cuando le prometen cosas y le endulzan el oído con anuncios de multimillonarias inversiones oficiales (que son nuestros propios recursos que tanto trabajo nos toca entregárselos al Estado) cuyos supuestos resultados siempre se verán concretados en el incierto futuro, aunque el lodazal en que subsiste la gente común y corriente, por ser auténtico y presente, esté a punto de tragársela. Pero más felices, aún, son ordenadores del gasto y los “príncipes” de los contratos que rondan las entidades públicas como zánganos succionadores ante suculento panal

. En nuestro medio son muy escasas las inauguraciones, los resultados incuestionables, el mejoramiento evidente de la calidad de vida de esa misma ingenua gente, porque son infinitos los proyectos, los presupuestos, la eterna e ineficaz planeación, los convenios y actas firmadas, los anuncios rimbombantes de burócratas de todo nivel, la tramitomanía; son los bomboncitos para juguetones bebés, de un pueblo idiota, con que los tranquilizan, o mejor, los anestesian, para que dejen “trabajar” y no estén chillando por pendejadas.

 Y esta astucia psicológica de masas que utilizan los “políticos” y la burocracia oficial, aumenta según la escala de ignorancia en que esté postrada la clientela, como en el norte del Cauca, donde la oferta de propuestas es desaforada, pero los resultados de la gestión, limitados. Esta manera de gobernar y hacer “política”, a punta de cuentos, en el lodazal, está arraigada en la incultura que logró imponer en la sociedad el Estado colombiano y la habilidad para manejarla es el soporte para mantener la estabilidad burocrática o una imagen con miras a intervenir en futuros debates electorales.

 Los arrolladores triunfos corresponden al que mejor sepa engañar a esa clientela desorientada.

Paz, reparación a las víctimas, salud, educación de calidad, empleo, reforma agraria, justicia, seguridad, moralidad pública, infraestructura vial adecuada, garantías de ambiente sano, son cuentos que se echan todos los días desde ministros hasta alcaldes, y se los creen. Y llegan a estos pueblos descrestando víctimas calentanas, que hasta pleitesía les rinden a los irresponsables burócratas.

Son tantas las mentiras y la “mamadera de gallo” de ministros, alcaldes, gobernador, fiscales, procuradores, defensor del pueblo, director de la CRC, y otros especímenes, que por ejemplo, a pesar de haberse suscrito, el pasado 7 de mayo en Santander de Quilichao, un documento de compromiso que lleva la firma de Amylkar Acosta, ministro de minas; Aurelio Iragorri Valencia, ministro del interior; Gilberto Muñoz Coronado, gobernador (e) Cauca; Mauricio Redondo, Defensor del Pueblo Cauca, como consecuencia de la tragedia provocada en la noche del 30 de abril por la minería ilegal en la vereda de San Antonio, donde quedó sepultado un número de mineros aún no determinado, posiblemente entre 30 a 50 personas, con 12 muertos registrados oficialmente, todo quedó en otra olímpica manera de no cumplir, evadiendo la responsabilidad con pretextos supuestamente irrebatibles, en lo que son expertos los burócratas elegidos o nombrados.

 El miércoles 7 de mayo, el ministro de minas, Amilkar Acosta, anunció a Proclama del Cauca que el Gobierno nacional asumiría la responsabilidad que le corresponde por la tragedia y dejó claramente establecido que el Gobierno no tolerará la minería que tenga vínculos con la criminalidad, indicando además que se trabajarían dos frentes simultáneos: la erradicación de la minería ilegal y la formalización de la minería artesanal o tradicional. ¡Paja!

Ese mismo día, como resultado de la asamblea de la Mesa Interétnica e Intercultural que buscaba la reparación integral por la tragedia se determinó, entre otras cosas, que se instalaría una Mesa de Garantías bajo la coordinación de la Dirección de derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el propósito de determinar y ejecutar un plan integral de garantías y que estarían atentos del proceso investigativo que debían adelantar las autoridades competentes para determinar responsables y todas las consecuencias inherentes a la acción u omisión. ¡Nada!

 También se aprobó la formulación del Plan de Fortalecimiento de la Minería Ancestral y Tradicional y que cualquier denuncia relativa a la explotación ilícita de minerales, debería ser remitida a la Dirección Nacional de Fiscalías del Cauca, la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente y al Comandante Regional de la Policía (Cauca, Valle, Nariño) con copia al viceministerio de Minas. ¡Tampoco funcionó!.

 Es tan grave este asunto en el norte del Cauca, que todo siguió lo mismo, y peor. Por ejemplo, el Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico (GAIDEPAC), el pasado 22 septiembre, le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos con respecto a la situación desesperada y absurda de La Toma, Cauca, por la acción ilegal y violenta de retroexcavadoras en su territorio ancestral, “sin ningún criterio de responsabilidad técnica, social y ambiental, que ha venido destruyendo y devorando los territorios y acabando con el agua, sacrificando la ecología, consumiendo los cuerpos de nuestros hermanos, destruyendo los lazos de solidaridad, y haciendo imposible las actividades de la minería ancestral. En síntesis, destruyendo la vida”, pero tampoco ha pasado nada.

 También denuncian los firmantes de la misiva “la inacción de las instituciones, quienes se hacen los de la vista gorda. La Alcaldía, la Policía, el Ejército, y la CRC todos saben lo que está pasando y lo toleran”. Y agregan: “Toda esta minería ilegal viola los derechos fundamentales de las comunidades y, por supuesto, el derecho a la Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado. La comunidad del Consejo Comunitario de la Toma se encuentra totalmente desprotegida a pesar de la sentencia T1045A de 2010 que les protege el territorio frente a la minería desarrollada por terceros”. Y le preguntan al presidente Santos: “¿Hasta cuándo van a tolerar las diversas instituciones del Estado y los órganos de gobierno estas tristes, dolorosas, y criminales situaciones?”.

Igualmente, el GAIDEPAC advierte al presidente de la república: “Su Gobierno es responsable de estas situaciones. No deje que en La Toma ocurra, como si fuera otra crónica de una tragedia anunciada, algo parecido a lo que ocurriera en la mina de San Antonio en mayo pasado.

Su gobierno será directamente responsable, ante todos los organismos internacionales de derechos humanos pertinentes, de cualquier hecho de violencia perpetrado contra las autoridades del Consejo Comunitario de La Toma o de los habitantes de la localidad. Apoyamos decididamente al Consejo Comunitario de La Toma en su valiente y lúcida lucha por desalojar las retroexcavadoras de su territorio”.

La carta fue enviada con copia al Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Fiscalía General de la Nación, Alcaldía de Suarez, Personería Municipal de Suarez, Gobernación del Cauca y Corporación Autónoma Regional del Cauca.

 A propósito, Luis Albeiro Villaquirán, director de la CRC ratificó a Proclama del Cauca en reciente entrevista que la explotación minera ilegal de San Antonio, Santander de Quilichao, dejó 129 hectáreas destruidas ambientalmente, con 5 hectáreas llenas de cráteres, cuya recuperación se ha calculado en 20.000 millones de pesos, de los cuales ya aportó la entidad 1.000 millones. También reconoció Villaquirán que además de la tragedia ambiental, la social también fue muy grave porque miles de familias quedaron en vilo de supervivencia porque la explotación artesanal no se ha organizado debidamente. Pero no se pasó de los anuncios.

Es más, el martes 15 julio, el viceministro de minas César Díaz Guerrero, presidió otra mesa regional sobre minería ilegal en Santander de Quilichao, a la cual asistieron entre otros, Luis Albeiro Villaquirán, director de la CRC; Luis Eduardo Grijalba, alcalde de Santander; Ricardo Cifuentes, secretario de gobierno del Cauca; el mayor de la Policía Simón Cornejo, Francisco Javier Pantoja, gerente colegiado de la Contraloría General de la República y presidente de la Comisión Regional de Moralización, en la cual se ratificó un ataque frontal a la minería ilegal, destacando la gravedad de la situación que se presenta en Suarez y en Buenos Aires, así como en el Macizo Colombiano, donde se ejerce actividad minera cerca de los municipios de Mercaderes y Patía, utilizando explosivos, actividad que no es controlada por la fuerza pública.

 Además, Luis Alberto Higuera Malaver, contralor delegado de la Contraloría General de la República para el sector agropecuario explicó que en ésa entidad han trabajado en el caso San Antonio, a partir de numerosas peticiones ciudadanas en las cuales se siguen reclamando las ayudas humanitarias de emergencia y la caracterización víctimas, pero que el Estado, a pesar de que instaló las mesas de ayuda humanitaria, minería y derechos humanos, no lograron respuestas eficaces del Gobierno.

 El viceministro César Díaz, dijo en ésa ocasión, nuevamente, que “llegó el momento de tomar decisiones”, y que frente una realidad bastante difícil, el Consejo de Estado reiteró que la destrucción de la maquinaria pesada es una herramienta que debe utilizarse para combatir la minería criminal”. Tampoco, porque ronda el “temor” por este lado.

En resumidas cuentas, nos “mamaron gallo” a todos, porque las autoridades civiles, judiciales, de control, policiales y militares, se han mostrado incapaces ante la ilegalidad y la destrucción ambiental en el norte del Cauca.

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