LA LOCOMOTORA MINERA, UNA HISTORIA DE LA CEGUERA.
 De: Mario Pachajoa Burbano
Lunes 5 de mayo, 2014
mariopbe@gmail.com
Popayán, Red Patoja

Amigos:

Guido Germán Hurtado Vera, Historiador y Politólogo, Profesor Asistente y Jefe Programa Editorial de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali), ha escrito un articulo referido a los antecedentes de la Ley vigente, el Código Minero, y los resultados obtenidos.

***
  LA LOCOMOTORA MINERA, UNA HISTORIA DE LA CEGUERA.
 Por: Guido Germán Hurtado Vera
Proclama del Cauca
4 de mayo, 2014

E
l tránsito de la Locomotora Minera.

El 11 de mayo de 2011, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2012, que reformaba el Código Minero de 2001. La Ley se cayó por no realizar “la consulta previa” a las minorías étnicas que habitan gran parte de los territorios mineros, y que en la mayoría de los casos son perjudicadas por los impactos socio-ambientales de ésta explotación. La sentencia le fijó al Gobierno un plazo de dos años, que finalizó el 10 de mayo de 2013, para que cumpliera con esta medida y la tramitara ante el Congreso. Como el Ministerio de Minas no cumplió la tarea, el Código del 2001 seguirá vigente.

Según datos del Consejo Nacional de Planeación, en los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, se concedieron 1889 títulos mineros para 165 mil hectáreas. En los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe se concedieron 7869 títulos mineros para 4 millones 283 mil hectáreas.

Las cifras anteriores evidencian que la locomotora minera ya venía transitando. El presidente Santos se montó en ella y la hizo suya cuando declaró, al inicio de su mandato, que ésta era una de sus cinco estrategias de su cuatrienio que llevarían a la prosperidad a todos los colombianos, con más empleo, menos pobreza y más seguridad. Es decir, lo que hizo fue refrendar el “Plan Nacional de Desarrollo Minero y Política ambiental Visión Colombia 2019” del Gobierno anterior.

Ahora bien, si se analiza el recorrido de la locomotora en la última década, es desastroso. De un lado, se comprueba que las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas son las que más soportan los daños ambientales, culturales y socioeconómicos ocasionados por los proyectos de exploración y explotación minera. Según el reciente informe de la Contraloría General de la Republica, el 80% de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se dio en regiones minero-energéticas, y el 87% de las personas desplazadas procede de estos lugares.

De otro lado, el deterioro ambiental generado por este sector es indiscutible. Para la explotación de minerales como el oro, se emplean productos altamente perjudiciales, como el mercurio, que contaminan la tierra y las fuentes hídricas de la zona y por ende imposibilita la vida de las comunidades en sus territorios ancestrales. Para el caso de la explotación carbonífera, evoco el caso del vertimiento de carbón frente a las playas de Santa Marta por parte de la compañía Drummond, que produjo daños ambientales aún por cuantificar.

Igualmente, está el asunto de las regalías. El incremento en la explotación y exportación de minerales es ascendente y por ello el pago de regalías al Estado debe ser afín. Por ejemplo, la explotación de carbón pasó de 43.911 KTon. en 2001, a 85.863, en 2011. El oro de 21.811Kg, en 2001, a 55.908, en 2011.

Visto así, las consecuencias del boom minero en materia de regalías sería la de un desarrollo en materia de infraestructura, en calidad de vida, en salud, educación, recreación y cultura para los habitantes de las regiones mineras y del resto del país. La realidad es otra, al lado de estos megaproyectos encontramos pueblos miserables. Para la muestra un botón: al lado del macro proyecto de Cerromatoso está el municipio de Montelíbano, que no es el ejemplo del desarrollo a escala humana.

Es innegable el crecimiento de la explotación minera en Colombia y la consolidación de un modelo económico extractivista con consecuencias nefastas en todo los ámbitos. Así, las multinacionales, que explotan los minerales, y algunos funcionarios del Gobierno anterior y del actual, que defienden la locomotora minera, no lo quieran reconocer.

Colombia regresa a la debilidad del Código Minero del 2001. Es decir, al riesgo que lasconcesiones mineras se renueven automáticamente, que no se clarifique realmente la fórmula para la liquidación y el pago de las regalías por parte de las multinacionales que exportan los minerales y en el limbo la negativa de explotación minera en páramos y zonas de reserva hídrica. De otro lado, existen voces que plantean que es mejor dejar el oro y el carbón tranquilos en el subsuelo porque, incluso con las regalías y ganancias que obtiene el Estado, los daños ecológicos son irremediables.

La reflexión después de los desastres mineros.

Luego de los desastres, el asunto de la explotación minera cobra una vez más fuerza para la discusión pública. En la base de la cuestión hay, al menos, dos enfoques que señalan los beneficios y daños que trae para el país.

De un lado, algunos expertos aseguran que la locomotora minera produce alucinaciones que impide ver los costos sociales y ambientales que ésta trae. Advierten que no sólo está causando daños irremediables a los ecosistemas, sino que además las cifras del crecimiento económico que anuncia el gobierno no armonizan con el desarrollo humano.

De otro, están aquellos que plantean el concepto de minería sostenible. Manifiestan que el asunto no se queda exclusivamente en la explotación y exportación, que además de los beneficios económicos para el país podría generar valor agregado para el medio ambiente. Este punto de vista contempla un modelo de yacimiento que produce agua y elimina desechos y contaminantes.

Un primer aspecto a tener en cuenta en esta discusión es que cuando la economía mundial crece, gasta más energía y necesita de más recursos naturales. El inconveniente está en que los tiene que conseguir donde sea y como sea. Aquí el costo que menos interesa es el ambiental. África ya lo vivió y sus devastadoras consecuencias son ampliamente conocidas por el mundo.

En la actualidad países como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia viven este fenómeno. En sus territorios son explotados los recursos naturales por las grandes multinacionales y como consecuencia más de un centenar de movimientos están en contra. En Colombia algunas acciones colectivas así lo manifiestan. Los habitantes de Cajamarca, del páramo de Santurbán, los indígenas Uwa y Embera katío, están en contra de la catástrofe social, ecológica y ambiental que produce la explotación minera en sus territorios. Al mismo tiempo, protestan por el engañoso desarrollo económico que trae consigo tal explotación, que sólo favorece a unos pocos.

Al respecto, no es cierto lo que expresan algunos economistas neoliberales, en el sentido que tales acciones frenan el desarrollo del país y hacen que la locomotora minera vaya lenta y con ello el desarrollo económico del país. Eso es falso. La locomotora minera inició carrera hace más de una década. Los datos económicos en exportación de carbón y oro así lo demuestran
.
Otro argumento para demostrar lo inconveniente de una explotación minera, como se viene haciendo hoy en día, es que la decisión del gobierno Santos de estimular ésta es una perversa política económica.

Al respecto algunos economistas han planteado que puede ser cierto que la economía crezca, pero el tema ambiental pierde toda posibilidad de actuar como elemento vital del desarrollo humano. Sí la cuestión es exclusivamente de matemáticas, basta sumar y restar. Es posible que el PIB crezca más allá del 4, 5 o 6 %, pero ese incremento es un espejismo, porque al final de la operación los daños ambientales y humanos valen mucho, pero mucho más.

Un final muy universal.

Mientras tanto, sin un Código Minero que garantice la menor posibilidad de daños ambientales y humanos, la locomotora minera sigue a la deriva. Eso sí, en manos de quienes extraen los recursos locales para sus ganancias globales.

En términos económicos, el país exporta barato pero compra caro. Frente a lo anterior caben, por lo menos, dos preguntas. La primera ¿para qué destrozar el medio ambiente y perjudicar a las comunidades campesinas e indígenas sí al fin y al cabo se va a vender materia prima barata? Y la segunda ¿quiénes pagan el saldo en rojo?

Bajo estas circunstancias es obvio que la locomotora minera produce alucinaciones que impide ver el camino por el que transitamos. Por ello es perentorio poner andar una serie de acciones de política pública para enfrentar el drama que se avecina. No se trata de negar la posibilidad de la explotación minera. Se trata de hacer minería responsable que aminore los daños que hoy está causando a los habitantes y al medio ambiente de muchas zonas del país. Por ello, debemos solicitar al gobierno nacional un examen de la política minera y energética, que tenga como aspectos centrales, una planificación que asegure la conservación ambiental y na política de desarrollo rural para la posibilidad de la economía campesina.

***

   Si desea descontinuar el recibo de estos artículos de la Red
 payanesa por favor informar a 
  mariopbe@gmail.com 
 
     To receive no further e-mails, from Red payanesa, please
 reply to   
mariopbe@gmail.com