DESPLAZAMIENTOS EN EL CAUCA.
De: Mario Pachajoa Burbano
Lunes 24 de noviembre, 2014
mariopbe@gmail.com
Popayán, Red Patoja

 

Amigos:

Sientimos mucho que el articulo de hoy, contraste con el  # 321. Fotografía de El Nuevo Liberal.

Cordialmente,

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RADIOGRAFÍA DEL DESPLAZAMIENTO EN EL CAUCA.
Redacción de El Nuevo Liberal
comunicauca@gmail.com
23 de noviembre, 2014

En el Cauca se han presentado 7908 desplazamientos cada año desde el 2009 hasta la fecha. Municipios como El Tambo, Toribío y la zona pacífica, han sido los principales afectados por este problema social. Los proyectos desde el gobierno a penas están iniciando.

Véase mapa   aquí


Libia Polindara fue desterrada de Los Llanos en El Tambo, Cauca, acusada de ser auxiliadora de las Farc el 15 de marzo de 2012. Con sus cinco hijos y unas cuantas pertenencias se refugió en Villa España, barrio periférico al occidente de Popayán. Dejó su humilde casa de campo y ahora vive en una edificación hecha de guadua, tabla, lona y zinc. Ella es otra campesina desarraigada, desplazada.

“Me tocó vender la casa, que para mí era un paraíso, en $1.400.000. Ese dinero me sirvió para sobrevivir los primeros meses en Popayán. Después tocó emplearse en lo que fuera”, relata la mujer de rasgos indígenas de 38 años de edad. Es una de los 39.541 desplazados que según Sala Humanitaria tiene el Cauca. Todos ellos llenan seis escenarios iguales a la Plaza de Toros de la ciudad de Popayán.

En Toribío, Cauca, población ubicada en la cordillera central y que ha sido escenario en los últimos 10 años de más de 600 atentados, un promedio de cinco por mes desde 2004, vive doña Romina Isaza, una mujer que ha intentado huir en tres ocasiones de las confrontaciones entre guerrilleros y Ejército, pero la difícil situación de los desplazados en las ciudades intermedias o las grandes urbes que los reciben, ha hecho que ella retorne a un sitio que bien es el ojo del huracán.

Desde la puerta de su casa se observa el búnker de la Policía Nacional. Si quisiera llegar allá a poner una queja o pedir ayuda, doña Romina tendrá que pasar por tres trincheras que se construyeron luego del atentado con la ‘Chiva bomba’ el 9 de julio de 2011. “Aquí cuando les da por agarrarse, eso es duro. La otra vez uno de los guerrilleros estaba aquisito no más (sic), en la esquina”. Refiere la historia y señala algunos agujeros en el techo y el piso astillado por el impacto de una bala con rumbo equivocado.

En la calle principal que conduce al parque central de Toribío hay una casa que llama la atención por las jigras y mochilas hechas a mano que se exhiben en una de las paredes. Es la vivienda de Francisco Ascúe, un Nasa de medio siglo quien cuenta que esas mismas paredes que sostienen sus productos elaborados a mano y máquina, las tuvo que reparar en tres ocasiones. “Una en el 2002, que fue la primera vez; la otra, en el 2005 y la última en el 2011”, explica. Una situación que lo ha obligado a invertir 17 millones de pesos para disimular las marcas de la guerra.

Las tres son historias de caucanos desplazados y golpeados por el conflicto. El departamento, según los datos de Sala Humanitaria, ocupa el primer lugar a nivel nacional en desplazamiento por violencia. Por lo menos 659 personas salen mensualmente de su territorio desde hace cinco años.

La Red Nacional de Información, RNI, instrumento creado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, en sus datos históricos sobre desplazamiento muestra que en el Cauca este problema social se empezó a manifestar con fuerza a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Un cambio de siglo que fue marcado por el fracaso del proceso de paz y la aparición de grupos paramilitares en el departamento, cuando era presidente Andrés Pastrana Arango, entre 1998 y 2002.

Sin embargo, las cifras de desplazamiento, según la Red Nacional de Información, ha ido bajando en los últimos años. Por ejemplo, en lo corrido del 2014 se han presentado 8.771 casos. Temístocles Ortega Narváez, gobernador del Cauca, le atribuye esta disminución a la aplicación de la Ley de Víctimas.

“Tenemos unos protocolos definidos y coordinados desde la nación, con el departamento y los municipios, para atender a las personas que sean afectadas por este fenómeno social. Hay dificultades, sobre todo en los recursos, pero por eso es necesario seguir trabajando en la firma de un acuerdo de paz”, expresó Ortega Narváez.

Dicha falta de recursos se puede evidenciar en el caso de Toribío, donde en el 2011 después de la ‘Chiva bomba’, el Presidente Juan Manuel Santos se comprometió en la reconstrucción de 90 viviendas y sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha puesto ni el primer ladrillo.

“Es claro que tenemos que ser más eficaces con las políticas de atención a esta población, debido a que las cifras son muy altas. Si en Popayán ya estamos llegando a los 100 desplazados, en el Cauca ese dato lo multiplicamos por 13. La situación es preocupante”, complementó el mandatario de los caucanos.

Los más afectados.

Según los datos de la Red Nacional de Información, las comunidades indígenas del departamento del Cauca, son las más afectadas por el fenómeno del desplazamiento.

El consolidado histórico que ofrece la RNI sobre el desplazamiento en indígenas es de 17.213 personas de los 197.271 aborígenes que según el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, habitan en el departamento. Es decir, el 9% de los nativos han tenido que abandonar sus tierras.

En estas cifras el municipio de Toribío, que tiene tres resguardos indígenas, ha aportado el 15% de dichos desplazamientos con 2.628.

A pesar de la situación, el artesano Francisco Ascúe, que pertenece al resguardo Nasa y que ahora está pagando una deuda de $2 millones de pesos al Banco Agrario para mejorar su empresa familiar, dice que si bien pensó en salir de Toribío, desistió de la idea porque “la familia y la tierra son lo más importante”. Esto mientras espera la reparación integral que aún no ha podido llegar a la población.

Un argumento adicional da Romina Isaza, quien dice que las condiciones en las que vive una personas desplazada en otra ciudad donde no tiene su tierra, hace que la idea de salir de nuevo, quede solamente en intenciones, “aquí tengo mi negocio, mis trabajadores y no tengo que pasar tanta urgencias”, explica.

Ante esta realidad, José Miguel Correa, secretario de gobierno del municipio, dice que en este año se han vuelto a reactivar los enfrentamientos y amenazas. “Tenemos una situación compleja que ha hecho que aún hoy no hayamos podido reparar a varias víctimas, sobre todo en la reconstrucción de vivienda y de ofrecerle mejores calidades de vida”, explica.

Una situación que revela que hace falta más trabajo para la atención de las necesidades de estas víctimas. Por eso personas como Libia Polindara, que ahora atiende las necesidades de educación de sus hijos menores y despacha al mayor de 19 años de edad que trabaja como ayudante de construcción para aportar en las finanzas de la casa, prefieren salir de forma definitiva “porque hasta ahora uno no encuentra las garantías suficientes para volver”.

Los refugios temporales.

Ante la persistencia de una población como la toribiana de quedarse en sus tierras y defendiendo el territorio, la misma comunidad indígena han creado unos sitios de refugio momentáneo en lugares estratégicos del casco urbano y zona rural de la entidad territorial.

“Estos funcionan como lugares donde la gente puede albergarse mientras suceda una actividad bélica. En la zonas más cercanas al casco urbano existen 20 de estos albergues, que cuentan con las condiciones básicas para que los ocupantes puedan estar por un tiempo”, comenta el Héctor Fabio Idrobo, personero municipal de Toribío.

La última vez que se utilizó un refugio de estos fue en marzo de este año, cuando en la vereda La Mina, 112 personas necesitaron de uno de estos lugares de paso durante 13 días. “Esto lo que ha evitado es la salida de las personas a otros municipios como Santander de Quilichao o Cali. Ahí la gente está mientras el ambiente de confrontación merma; además, les permite que puedan ir por un momento y mirar cómo están sus propiedades. Ya después vuelven a sus casas”, complementa el Personero.

Esta idea es la respuesta de la comunidad que aún quiere quedarse en sus territorios a pesar de los riesgos que se corren en municipio como Toribío. “Aquí, ahora último, uno ve mucho movimiento; pero pues ellos avisan (la guerrilla) y uno ya está preparado con el trapo blanco”, dice Romina Isaza.

Lo cierto es que mientras la paz llega a sus territorios, algunos prefieren correr riesgos y plantear salidas que no les cueste el abandono de lo que han conseguido; pero otros, como doña Libia y su hermana, prefieren regresar a sus municipios cuando tengan seguridad de que no volverán a ser víctimas de desplazamiento.

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