TIMBIQUÍ,  LA TRAGEDIA CONTINÚA. 
De:  Mario Pachajoa Burbano
Domingo 27 de julio, 2014
mariopbe@gmail.com
mariopbe.com

Amigos:

 Edinson Arley Bolaños, periodista de El Nuevo Liberal, ofrece uno más de sus articulos detallados, esta vez, sobre el problema irresoluto de la mineria en Timbiquí, Cauca.

Cordialmente,

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TIMBIQUÍ  LA TRAGEDIA CONTINÚA.
Por:  Edinson Arley Bolaños
ebolanos@elnuevoliberal.com
El Nuevo Liberal.
27 de julio, 2014
Popayán, Cauca, Colombia.

A pesar de las 101 retroexcavadoras que hay en el Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí, esta comunidad solicitó a través de una demanda de restitución de derechos territoriales, que la maquinaria no sea sacada de la zona.

Se observan, grandes extensiones de montículos de rocas a lado y lado del rio Timbiquí, y diversa maquinaria pesada trabajando en las zonas de ribera del mismo, que provoca que el rio cambie su cauce natural y se aumente la velocidad de la corriente en algunos tramos, impidiendo el libre tránsito de diversas embarcaciones.

La tragedia de la semana pasada en Timbiquí, tras el colapso de una mina de socavón que dejó siete muertos, es apenas un campanazo para el gobierno nacional y departamental, frente a la tarea pendiente, aplazada desde 2010, de sacar 121 retroexcavadoras que trabajan en 29 entables en esta parte del Pacífico caucano.

El Nuevo Liberal conoció el informe de caracterización, que tiene 157 páginas, y que elaboró la Corporación Ambiental del Cauca CRC y la Unidad de Restitución de Tierras, tras una visita, solamente al territorio del Consejo Comunitario Renacer Negro, a finales del año pasado, donde se estableció el número de máquinas y los 22 impactos ambientales en las 70.010 hectáreas de este territorio colectivo.

El panorama en este municipio del occidente del departamento no es fácil. De las 121 máquinas, que según la CRC, hay en el municipio, 101 están en el Consejo Comunitario Renacer Negro, que agrupa 11 veredas, y que se ha convertido en un caso aparte por haber demandado ante un juez de restitución de tierras, el restablecimiento y formalización de los derechos territoriales que han sido afectados por el conflicto armado.

En otras palabras, lo que pretende esta comunidad afrodescendiente desde el año 2012, son dos cosas concretas: que haya una respuesta del Estado frente a la vulnerabilidad de las comunidades y la legalización de la minería mecanizada, con la que han sobrevivido en los últimos 4 años.

Panorámica de las características de las fuenteshídricas que se asocian a los lugares que aún no han sido intervenidos por la minería mecanizada “Bosque conservado”. / Fotos extraidas del estudio de caracterización que realizó la CRC y la Unidad de Restitución de Tierras URT.

La propuesta a simple vista parece fácil y también podría generar polémica, sin embargo tiene un sustento y una historia. Según archivos del Juzgado Tercero de Restitución de Tierras de Popayán, todo inició en diciembre de 2012 cuando la Unidad de Restitución de Bogotá, presentó una solicitud de medida cautelar ante el juez, para detener la minería que se estaba presentando en Timbiquí en los predios del Consejo Comunitario. Esta petición generó unas pruebas y el 12 de febrero de 2013 el juez dictó suspender toda actividad minera en ese territorio y se ordenó al ejército y policía, retirar la maquinaria pesada que se encontrara en la zona.

Pero pasaron casi cinco meses, y la medida cautelar nunca se hizo efectiva. La razón de las autoridades militares y judiciales, según se ofició al juzgado tercero en Popayán, era difícil cumplir la tarea porque los problemas de orden público lo impedían. No obstante, transcurrido ese tiempo, a principios del año pasado, la comunidad llegó al despacho del juez para manifestarle que suspendiera dicha medida, argumentando que ellos de lo único que viven es de la minería.
Esta última solicitud, evidentemente contradictoria, frente a lo que la Unidad de Restitución de Tierras de Bogotá, había propuesto en 2012, lo que dejó en evidencia era que alguien se había equivocado y que las pretensiones de la comunidad eran otras.

No era ni el retiro de la maquinaria, ni la suspensión de la actividad minera lo que la comunidad solicitaba. Según conoció El Nuevo Liberal, el proceso jurídico que desde el principio quiso emprender el Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí, fue contra las fumigaciones con glifosato que se estaban dando en la zona, y las cuales, según ellos, estaban afectando a las comunidades.

Pero el proceso ya había toreado el avispero en otra problemática en esas tierras: la minería ilegal. Por ello, de acuerdo con el argumento del juzgado, en mayo de 2013 se realiza una audiencia donde el juez decide suspender la medida, “para evitar choques sociales de la comunidad que solo vive de la minería”, manifestó el juzgado en ese entonces, y a renglón seguido dio unas órdenes a la Unidad de Restitución, a la CRC, a la comunidad y a los mineros, para mirar cómo se podía buscar proyectos de sostenibilidad con el medio ambiente y la minería.

El término para presentar los informes fue de cuatro meses, y a la vuelta de ese tiempo, el 8 octubre de 2013, se realizó la audiencia de seguimiento a la medida cautelar suspendida hasta ese momento. Sin embargo, la propia Unidad de Restitución de Popayán y la comunidad, ese mismo día le solicitaron al juez que mantuviera suspendida la medida, hasta tanto no se adelantaran los procesos de caracterización de la violencia que no se habían podido cumplir durante esos meses, por lo que el juzgado les otorgó un nuevo plazo.

Y a partir de aquí el caso del Consejo Comunitario Renacer Negro se empezó a convertir en un galimatías jurídico. Lo cierto es que ese día el juez, no solo decidió prorrogar la medida, sino que también les dejó claro a todas las instituciones estatales asistentes (CRC, Procuraduría, Defensoríadel Pueblo, autoridades militares) y a la comunidad, que la competencia del juzgado de restitución de tierras es la protección de los derechos territoriales de la comunidad afro a raíz del conflicto armado, “pero este estrado judicial no es competente para atacar la minería ilegal, ni para sancionarla, ni para destruir maquinaria, por eso, ante ese conflicto social de la comunidad con la minería y al no ponerse de acuerdo con la misma, ese 8 de octubre, se ordenó la compulsa de copias de todo lo investigado a la Fiscalía General Seccional Popayán”, porque, según el juzgado, “era evidente que había una conducta que afectaba el medio ambiente con la minería ilegal en ese territorio”.

De hecho, a principios de este año cuando el proceso surtió otra audiencia en el juzgado de restitución, el togado intentó ordenar la revocatoria total de la medida cautelar, argumentando que jurídicamente no podía existir tal medida sin un proceso judicial vigente, sin embargo, ese mismo día la Unidad de Restitución presentó la demanda oficial de formalización y restitución de tierras en favor del Consejo Comunitario Renacer Negro, a través del abogado apoderado, y es ahí donde el juez encuentra la contradicción que lo llevó a que la medida cautelar siga suspendida.

Así las cosas, el juzgado tercero de restitución determinó que ante esta situación planteada en la solicitud, frente a la minería, “nos lleva a concluir que resulta necesario, en el marco del proceso de restitución y formalización de derechos territoriales de las comunidades negras, mantener suspendida la medida cautelar hasta tanto se profiera sentencia definitiva en el proceso, la cual debe ir acorde con las pretensiones”.

Sin embargo, volvió a dejar claro el papel de cada una de las entidades del Estado, refiriéndose a la pelota que constantemente se tiran cuando se habla de combatir la minería ilegal. El juzgado textualmente manifestó que, a pesar de estar en curso el proceso “ello no es óbice para que las autoridades competentes investiguen los delitos relacionados con la minería ilegal y adopten las decisiones judiciales necesarias”.

Aunque el juez ha aclarado sus competencias y las de las entidades estatales frente al caso del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí, todavía hay temores para actuar y se está a la espera de la decisión de fondo sobre lo qué pueda pasar con las minas a cielo abierto y las 101 retroexcavadoras que están en esta zona del Pacífico colombiano.
El director de la CRC, Luis Albeiro Villaquirán, por ejemplo manifestó que aunque la policía está dispuesta a destruir maquinaria, la corporación debe esperar a que el juez profiera la sentencia de fondo, “sin embargo, eso no nos impide actuar en el resto del municipio donde están las 101 máquinas. Donde se lleva a cabo el proceso de restitución nosotros no podemos ni entrar a destruir, ni decomisar o dictar medidas preventivas, porque la decisión la tiene el juez, pero si podemos actuar en el resto del municipio”, puntualizó.

Villaquirán también le dijo a El Nuevo Liberal, que la próxima semana convocará a la mesa minero ambiental para programar un sobrevuelo sobre el municipio de Timbiquí y hacer una valoración complementaria al estudio de impactos ambientales que ya se tiene, pero solo sobre las 70 mil hectáreas del Consejo Comunitario Renacer Negro.
Las pretensiones del Consejo Comunitario.

Los Mamíferos en el estudio se registraron mediante observación directa 17 especies, que representan la mastofauna de territorios colectivos de Renacer Negro,

Timbiquí-Cauca, todas encontradas en ambientes conservados, dato que indica que la minería impacta fuertemente sobre la comunidad de mamíferos, dada su alta sensibilidad a los ambientes perturbados.

En medio de las pretensiones de las comunidades, hay varias verdades de apuño que salieron a relucir luego del trabajo de campo que realizó la Unidad de Restitución de Tierras del Cauca y la Corporación Ambiental. De un lado, que el 70% de los empleados en los entables mineros son foráneos, provenientes de los departamentos de Antioquía, Chocó, Valle del Cauca y Nariño.

De otro, que para la explotación, ocupación de terrenos y compensación de daños ambientales, los mineros mecanizados acuerdan con los dueños de las tierras recuperar el terreno intervenido y además pagan a éstos el 14% de la producción de oro en bruto de cada lavada. El Consejo Comunitario también establece acuerdos con los mineros mecanizados. Este recibe el 3% de la producción de cada lavada como compensación económica por los daños ocasionados a las comunidades y para obras sociales.

Según el estudio de caracterización, en los entables mineros de la zona la producción obtenida en cada lavada, que en promedio se realiza cada 8 a 10 días, es de 600 gramos de Oro. Cabe anotar que hay minas donde la producción ha sido de hasta 5 libras de oro en una lavada.

Así el panorama que describe parte del documento de caracterización en la zona, una vez iniciado el litigio, el abogado de la Unidad de Restitución de Tierras del Cauca y defensor de estas comunidades, contó detalladamente los alcances de la demanda y las pretensiones del Consejo Comunitario.

De entrada, el reconocimiento por las partes, comunidad y dueños de las máquinas, de que la minería mecanizada sin control, está causando fuertes impactos ambientales en la zona, permitió que la CRC y la URT pudieran entrar al territorio para realizar el estudio de caracterización del estado actual de esa parte de Timbiquí.

En la demanda, las comunidades le solicitan al juez exigir a las autoridades impedir el ingreso de más maquinas a la zona. Asimismo, que el gobierno nacional les permita usufructuar su territorio e impedir que lleguen multinacionales, teniendo en cuenta la experiencia que hace muchos años vivieron con la presencia de una empresa rusa, que solo les dejó miseria.
Entre otras pretensiones, el Consejo Comunitario también le apunta a seguir con la minería mecanizada controlada por las autoridades competentes, según el abogado de la URT, con el argumento de que el oro que estaba en la parte superficial ya es muy difícil de explotar de manera artesanal, “de algún modo esa minería ancestral tenía que avanzar hacia la mecanizada por la propia realidad del proceso de explotación, porque el proceso viene desde la época de la colonia, y ya no está al alcance de las manos”, puntualizó el abogado.

Reconociendo que lo que el Consejo Comunitario pretende es asociarse con los mineros que hoy tienen maquinaria en la zona, para usufructuar el metal, también le solicitan al juez que los títulos que el gobierno ha entregado en su territorio colectivo sean anulados, puesto que se violó el derecho a la consulta previa antes de ser adjudicados, dice la demanda.
Según el mapa de catastro minero, a abril de 2013, en el municipio de Timbiquí hay 33.350 hectáreas concesionadas, de las cuales 15.449 pertenecen a la empresa Cerro Matoso S.A, 13.847 hectáreas a la empresa Votorantim Metais Colombia S.A., y 7.054 hectáreas a particulares.

Thraupis espiscupus, Tyrannus melancholicus, Troglodytes solstitialis y Thraupis palmarum, especies generalistas presentes en las áreas disturbadas por minería en los territorios del título colectivos de Renacer Negro, Timbiquí-Cauca.
No obstante, hay 44 solicitudes pendientes que equivalen a 39.330 hectáreas en todo el municipio de Timbiquí. Los solicitantes que más predominan son:

Angloamerican, Anglo Colombia Mines SAS, el Consejo Comunitario Renancer Negro y personas particulares.
En síntesis, lo último que la comunidad desea es que las maquinas salgan del territorio, por eso han dicho que ellas mismas son las que deben hacer la recuperación del terreno intervenido y por supuesto, continuar usufructuando el territorio colectivo, como parte del resarcimiento y restitución de los derechos territoriales que el ausente Estado debe reconocerles.
Los impactos ambientales.

El documento de 157 páginas, que se convierte en la guía más próxima a la realidad del Consejo Comunitario Renacer Negro CCRN, estima 22 impactos ambientales que ha generado la minería mecanizada e ilegal en estas tierras. Igualmente, se resalta que la actividad minera de oro a cielo abierto practicada presenta una combinación de prácticas artesanales, semi tecnificadas y mecanizadas simultáneas en los emprendimientos mineros.

Este dinamismo minero está generando daños de significancia ambiental predominantemente alta, que van desde la degradación y afectación de las condiciones naturales del suelo evidenciadas en la reducción de los productos de pan coger, la alteración de fuentes hídricas, afectación de la calidad del aire, paisaje, condiciones habitacionales de mineros y comunidad en general, hasta la afectación en el desarrollo de otras actividades económicas como la agricultura, la caza, la pesca y la navegación por la degradación de áreas intervenidas por dicha actividad.

La minería en el CCRN se desarrolla en la mayoría de los casos, cerca del río Timbiquí, las quebradas Sesé y Sesesito y otras de menor orden, de las cuales captan grandes cantidades de agua que no son reutilizadas ni tratadas. Además se lavan grandes volúmenes de material que generan exagerados volúmenes de vertimientos con cargas contaminantes de sólidos (totales y disueltos), grasas y aceites. Dichos vertimientos en la mayoría de los casos van de manera directa a las fuentes hídricas, haciendo de este componente ambiental uno de los más impactados, ya que la recepción de estas descargas afecta las condiciones naturales del recurso. En muy pocos entables son implementadas iniciativas de sedimentación de los vertimientos y recirculación antes de su disposición a las fuentes hídricas.

Según el documento, resultado del trabajo de campo realizado a finales del año pasado, la tarea de recuperación de áreas degradadas por minería en el Consejo Comunitario Renacer Negro no es nada fácil, considerando que la actividad viene causando la destrucción total de los suelos, dejando las áreas afectadas con material granular grueso lavado con total ausencia de nutrientes y sustratos, limitando el establecimiento de especies vegetales a unas pocas que no permitirían el restablecimiento de los ecosistemas, además de las afectaciones al recurso agua antes mencionadas, generando como consecuencia la pérdida de biodiversidad.

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