LA PARADOJA DEL CRECIMIENTO CON INSEGURIDAD.
Viernes 15 de noviembre, 2013
De: Mario Pachajoa Burbano
mariopbe@gmail.com
Popayán, Red Patoja

Amigos:

Heraldo Muñoz, Subsecretario General de las Naciones Unidas y director del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), analiza el adelanto económico en los países de América Latina y el crecimiento con la inseguridad.

Cordialmente,


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AMERICA LATINA:
LA PARADOJA DEL CRECIMIENTO CON INSEGUIRIDAD.
Por: Heraldo Muñoz
Subsecretario General de las Naciones Unidas y
Director del PNUD
El País. Madrid, España
Noviembre 13, 2013

 

En años recientes, América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económico-social y la delictiva. Pese a los avances en crecimiento y las mejoras en salud, educación y reducción de pobreza y desigualdad, la región se ha tornado la más insegura del mundo.

Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, registrándose más de un millón de asesinatos entre 2000-2010. En 11 de 18 países, las tasas de homicidios superan la clasificación de “nivel epidémico”, con más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. En tanto, el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos. Un promedio de seis en cada 10 latinoamericanos fueron víctima de un robo con violencia en el año 2012.

Entre 2000 y 2010 se han producido más de un millón de asesinatos.  ¿Cómo explicar el aumento en el crimen y la violencia si América Latina experimentó, entre el 2000-2010, el período de mayor crecimiento económico de las últimas cuatro décadas? ¿Cómo explicar la magnitud de la inseguridad ciudadana si esta bonanza económica, junto a la creación de empleos y algunas políticas innovadoras en materia social, elevaron más de un tercio de la población de la región a la clase media?

Por un lado, el crecimiento económico no se traduce automáticamente en una mejora en el desarrollo humano y tampoco implica que los ciudadanos estén más seguros. El informe destaca que en América Latina el crecimiento ha sido de baja calidad, basado en el consumo y con insuficiente movilidad social, lo cual ha impulsado una suerte de “delito aspiracional”. Los robos de celulares, laptops y ropa deportiva son una expresión de este fenómeno.

Por otro lado, el deterioro de la inseguridad ciudadana también se relaciona con las transformaciones demográficas causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y fallas en el sistema escolar; es decir, se ha erosionado el tejido social, generándose condiciones que inciden en la criminalidad. Además, el porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas son factores que impulsan el crimen y el delito. Otro elemento fundamental es la escasa capacidad de los Estados latinoamericanos, así como la falta de profesionalización en el combate al delito y la carencia de proporcionalidad en las sanciones.

Los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia, y a la vez son los responsables más comunes de la violencia y los delitos; el informe, también hace un llamado a evitar la estigmatización de los jóvenes, particularmente los de bajos ingresos.

Los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres (feminicidios) han aumentado en casi todos los países. De los internos que habían cometido delitos sexuales, entre el 75 y el 90% declararon conocer a sus víctimas antes del delito y entre el 20 y el 40% eran sus familiares, según el informe.

La inseguridad ciudadana también afecta el potencial económico de la región: sin el exceso de muertes por homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la región hubiese sido superior en un 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia potencial de más de 24 mil millones de dólares en el 2009. Un estudio del PNUD y del BID analizó los costos de la delincuencia y los niveles de victimización en cinco países y reveló que Honduras sufre los más altos costos con el delito y la violencia en porcentaje de su PIB en el 2010 (10.54%, equivalente a 1.669 millones de dólares), seguido de Paraguay (8,7%, lo que equivale a 1.742 millones de dólares), Chile (3.32%, es decir 7.215 millones de dólares) Uruguay (3%, o cerca de 1.165 millones de dólares) y Costa Rica (2.52%, 915 millones de dólares).

La creciente percepción de inseguridad y el “adelgazamiento” del Estado han estimulado la contratación de vigilantes privados, que ha crecido en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de la región los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado 10 veces mayor que la de Europa occidental.

 Esta privatización de la seguridad agudiza la desigualdad que experimentan los latinoamericanos.
No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en América Latina, pero el problema sí tiene remedio y requiere visión y voluntad política a largo plazo. América Latina cuenta con experiencias y lecciones aprendidas de gran valor, que se analizan en el informe. Una de las principales lecciones de la región es que las políticas de "mano dura" no funcionan: la fuerte represión policial y penal a menudo ha coincidido con espirales de violencia y altos índices de criminalidad.

Entre las 10 recomendaciones para una región más segura, destaco la conveniencia de evitar la politización del tema de la inseguridad, visualizándola como un desafío de todos que demanda construir en cada país un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, provista de medidas para el corto, mediano y largo plazo.

No hay otro camino sino el de elaborar políticas que se orienten hacia una estrategia integral de seguridad ciudadana, que incluya la actuación policial a partir de un trabajo por cuadrantes y cercano con las comunidades locales; la adaptación de nuevas tecnologías para ubicar puntos neurálgicos del crimen, enfatizando la prevención en las áreas de riesgo; la mejora de la calidad de vida de la población con especial atención en los grupos más vulnerables como jóvenes y mujeres; una justicia accesible, ágil y eficaz; y una educación que se base en valores de convivencia pacífica, tolerancia y respeto al estado de derecho.



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