DEL CABILDO ABIERTO A LA PLAZA. POPAYAN 1809-1810.
Jueves 11 de octubre, 2012
De: Mario Pachajoa Burbano
mariopbe@gmail.com

Amigos:

El historiador David Fernando Prado Valencia en su denso articulo
 "Del cabildo a la plaza. Popayán 1809-1810" detalla los
acontecimientos que sucedieron en la ciudad de Popayán en ese
periodo crucial de la independencia de la Nueva Granada.

David Fernando, historiador Universidad del Cauca e Integrante
del Grupo de Investigación: Estado-Nación: instituciones y
organizaciones 1810-1930.
 

El articulo se inicia con las alarmantes noticias que trae el Oidor de la
Audiencia de Quito Ignacio Tenorio y Carvajal a Popayán, después
de salir huyendo de Quito por el levantamiento contra España ocurrido
en aquella ciudad en 1809 y las consecuencias en Popayán.

El articulo ha sido transcrito, sin notas de pie de página, de la versión
completa, con el mismo titulo, que se puede leer en Internet.

http://historiayespacio.com/rev33/pdf/Rev%2033%20Del%20cabildo%20a%20la%20plaza.pdf

Cordialmente,

***

Del cabildo a la plaza. Popayán 1809-1810
Por
: David Fernando Prado Valencia
Páginas transcritas con el mismo titulo de Internet


Resumen

El presente artículo describe el proceso acaecido en Popayán entre 1809 y 1810.
Su narración inicia en los debates originados por los sucesos de Quito en el seno
de cabildo, desplazándose paulatinamente a describir las tensiones que se
originan en la ciudad. Este relato está organizado en dos momentos centrales: las
repercusiones dentro de la ciudad tras la revolución de Quito y los debates y
conflictos entre los habitantes durante 1810.

*


Entre los años 1808 y 1810 se produjo un desplazamiento en la política, entre el
dominio de lo privado y la emergencia de lo público. Asuntos que no se discutan
más allá de los muros de la casa capitular se transformarían en temas de álgida
discusión de plazas y arrabales de la ciudad. François-Xavier Guerra (1985, pp.
13- 32) ha observado a la ciudad como el asiento principal de la esfera pública y,
en ese sentido, el escenario de lo político. Esta valoración es consecuente con los
significados que presenta, relativos a lo público, el diccionario de la lengua
española de 1776, cuya última acepción indica: “que alguna cosa se tiene
correctamente por cierta y verdadera, por asegurarlo casi todos” (Diccionario de
autoridades, 1990, p. 421). En este orden, Hannah Arendt (1993, pp. 59 – 62)
señala que lo denominado como público devienen dos variables: identifica que lo
visto y oído por todos de igual manera constituye una realidad percibida, que goza
de credibilidad, permitiendo un sentimiento de seguridad sobre el mundo y las
cosas cuando son reconocidas de igual manera por los demás; causativamente
esta certeza hace de lo público un espacio común, dependiente de la aceptación
de casi todos que afirman percibir algo u oírlo de la misma manera.

Por tanto, lo público es el espacio de la verdad y una faz de la verdad es lo
público. El sentido colectivo engendrado en lo que es visto y notado por todos le
otorga algo común a la comunidad, un horizonte frente a algo. Ese horizonte
compartido genera seguridad en la experiencia al ser común a todos, y en tal
sentido, es asumido como verdadero. La intervención de Napoleón en la
monarquía española abrirá una serie de debates alimentados por las nociones e
imágenes propias de una comunidad colonial hispánica. Estos debates se
desbordaron en la colectividad que habita una ciudad, colocando en cuestión sus
sentidos, afianzando sus miedos, apelando a sus imaginarios y en síntesis,
participando del movimiento de los tiempos, que trasladó algunos temas del
cabildo a la plaza.

El Apóstol de la Buena Nueva

Nuevas señales llegaron desde el sur. Algunas familias de Popayán se habían
desplazado a la parroquia del Tambo durante las secas de agosto de 1809. El día
20 por la tarde, su atención se concentraba en algunas diversiones.

Repentinamente, vieron llegar al doctor Ignacio Tenorio, oidor de la real audiencia
de Quito, que sin saludar a los presentes entró a postrarse en el templo y se
mantuvo en él durante unos momentos. Al salir dio rienda suelta a sus palabras.
Expresó lo agradecido que estaba con la Providencia por traerlo a país de
católicos y contó cómo había huido de Quito donde herejes insurgentes
dominaban la ciudad (Valencia, 1992, pp. 55 – 113). Palabreó tanto que fue
suficiente para que el ánimo de diversión que reinaba entre los presentes se
mudara por inquietudes y miedos que obligaron a suspender los festejos, y tomar
de inmediato, el camino de regreso a la ciudad (Castrillón, 1971, pp. 23 – 24).

Al entrar a Popayán, el doctor Tenorio buscó rápidamente al gobernador quien lo
recibió en su casa rodeado de su esposa, Ana Polonia, el comandante don
Gregorio Angulo y algunos miembros de familias principales de la ciudad. El
doctor, sabiendo la importancia de lo que había visto, hizo de los presentes el
auditorio de sus nuevas apocalípticas y como el enviado a advertir los peligros que
la religión corría ante estas innovaciones del sur, contó lo que habían hecho los
apóstatas, insurgentes y herejes quiteños seguidores del afrancesado marqués de
Selva Alegre, quienes tomaron presos a los miembros de la real audiencia y otras
notabilidades. Para el doctor Tenorio: “el mal era grave…tenía mucha
trascendencia con muchos individuos notables de esta ciudad, y… si no se
tomaban medidas prontas y enérgicas, rápido estaría este país a disposición de
los filósofos del siglo” (Castrillón, 1971, p. 26). Advirtiendo además, que los
quiteños marcharían sobre la provincia para derribar al gobernador, abjurar del rey
y hasta de la religión.

De inmediato, el gobernador ordenó que se detuviera a don Joaquín Latorre que
venía con el correo y el situado de Quito (Arroyo, 1910, p. 486). Sin dilación
alguna, los militares registraron la correspondencia, para precaver cualquier
sedición en el pueblo. Además, siguiendo instrucciones estrictas de don Miguel,
algunas personas que tenían relaciones con quiteños fueron detenidas por
veinticuatro horas mientras se les averiguaba lo que supieran sobre sus familiares
y sus compromisos con la revolución (A.C.C,f. 191 v – 192 r). Algunos parientes
de familias con cercanías al gobierno de la ciudad estaban dentro de los informes
del gobernador. Camilo Caldas, hijo del recientemente fallecido regidor don José
de Caldas era en Quito uno de los capitanes de tropa, además de cercano al
círculo de la casa Montufar (Ortiz, 1944, pp. 244 – 251). Su familia tendría motivos
de consternación pues su hermano Francisco José, motivado por sus intereses
científicos, amistaba con un grupo sospechoso para las autoridades de Santa Fé.

El Gobernador con toda celeridad mandó urgentes pliegos a las autoridades de
Lima, Guayaquil y Cuenca para uniformar esfuerzos que permitieran rechazar
cualquier avanzada sobre la provincia (Arroyo, 1910, p. 486) y ordenó, además,
suspender el correo con Quito (A.C.C. f. 190 v), estableciendo que si algún vecino
requería enviar un pliego urgente, antes debía entregarlo abierto para la
inspección del gobernador, y si se creía conveniente se enviaría por correo
extraordinario (A.C.C, f. 56 r).

Don Miguel comprendió que las novedades y sus amenazas ya no solamente se
encontraban en la lejana península sino que aparecían súbitamente al sur de su
jurisdicción con el apoyo de habitantes de Popayán y de Cali residentes en Quito.
Estas inquietudes lo motivaron a citar al cabildo el 21 de agosto a su sala y
también al clero regular, los oficiales militares y los empleados de la Real
Hacienda. El gobernador dispuso de nuevo que todos los convocados debieran
renovar su juramento de defender a la religión, la patria y el rey, colocándose ante
la imagen de Jesucristo Crucificado y agregando, esta vez, no adherirse a la
sediciosa e infame invitación del traidor Selva Alegre (A.C.C, f. 29 v – 30 r).

Invitación y respuesta: el conflicto de las interpretaciones

Don Juan Pedro Montufar, marqués de Selva Alegre, envió pliegos a Popayán y
otras ciudades cercanas invitándolas a adherirse a la Junta recientemente creada.
Para el marqués, la creación de la junta era el resultado de la reasunción del
poder soberano por parte de un pueblo fiel a Dios, la patria y el Rey; que
consternado por la conquista de Francia sobre España, la coronación de
Bonaparte en Madrid y la disolución de la Junta Central, veía con imperiosa
necesidad crear una similar, suprema e interina, que conservara los derechos de
Fernando VII y gobernara en su nombre mientras el rey retornaba a su trono
(A.C.C, f. 107 r – 107 v).  La Junta además recibía el tratamiento de majestad y su
presidente, marqués de Selva Alegre, el de alteza serenísima.

Don Miguel Tacón restableció el correo con Quito solo para enviar desde Popayán
la respuesta a esta invitación, que además firmaron las autoridades de la ciudad:

"En todos tiempos serán incompatibles con ellos (sus sentimientos) la
novedad que ha introducido Quito contra las leyes fundamentales de la
Monarquía, y sobre hechos notoriamente falsos. Mudar el Gobierno
establecido… exigir un autoridad independiente, existiendo la del Rey:
oponer a la Suprema Junta de España, e Indias que representa a Su
Majestad otro poder supremo: olvidarse del solemne juramento de
obediencia prestado a aquel Augusto Cuerpo: ultrajar a los Gefes y
magistrados constituidos: violar su inmunidad: dar a los pueblos un ejemplo
de las más arbitraria violencia: suponer extinguida la Junta Central, o creer,
que aun en este caso no sucedido, fuera licito a quines se reconocen
vasallos, fundar por la opresión o por la fuerza una soberanía: todo esto es
atentar contra la Sacrosanta Ley de Jesu-Christo, y contra el Imperio de
Fernando 7º…era menester no haber sido infractores de la Ley divina, que
ordena a la sujeción a las Potestades lejitimas, no haber roto el pacto
social, haber observado religiosamente los juramentos, y no haber sacudido
el gobierno Monárquico (A.C.C, f. 107 r – 107 v)
."

Para el marqués, todas estas palabras no eran más que un juicio ligero de los
acontecimientos, resultado de la primera impresión que producen las noticias
emanadas de lugares distantes sobre materias nuevas y delicadas (A.C.C, f. 128 r).
La remoción de las autoridades obedecía a su ánimo apático de jefes débiles, y
magistrados negligentes y obcecados que ninguna seguridad ofrecían ante una
posible invasión de las colonias por parte de Napoleón (A.C.C, f. 130 v – 131 r). Y,
en tal sentido, bajo ningún aspecto la Junta estaba en pie revolucionario pues se
reconocía en público y en privado la autoridad del rey, y por lo tanto el tratamiento
de Majestad que se le daba era meramente representativo de un depósito interino
(A.C.C, f. 130 v – 131 r). Pero para el gobernador esto ya era la extrema violación
al Corpus Mysticum Políticum lo que se traducía en un desconocimiento a Dios, el
Rey y la Patria. Fundar otra soberanía era romper los lazos con el rey, era
separarse del padre y por lo tanto dar inicio a una acción disociadora. Para Selva
Alegre lo único que habían hecho era reasumir la soberanía, que era actuar bajo la
imagen de la antigua tradición política española que prescribía a los reinos como
partes del cuerpo de la monarquía, la cual el rey presidía como su cabeza; y en
este caso estando el rey preso, la única alternativa era crear una Junta que hiciera
las funciones de cabeza mientras su titular retornaba al trono.

Paradójicamente, el gobernador y el marqués miraban hacia el pasado aunque las
circunstancias los ubicaban aparentemente en lados opuestos, teniendo como base
las dos posturas una óptica misoneísta, pasadista y conservadora
Los dos tenían como referencia la tradición del Corpus Mysticum Políticum pero
cada uno interpretaba esta imagen de una forma disímil. Don Miguel era consciente
que había, con la actual casa reinante, una transición en las nociones: los reinos eran
ahora colonias. Esto impedía bajo cualquier ángulo asumir la soberanía en
circunstancia alguna. Para don Miguel crear una cabeza por fuera de la península
era una novedad revolucionaria, y no simplemente una medida transitoria, que era
necesario extirpar, antes de que se extendiera con su ejemplo por el resto del
cuerpo de la Monarquía.

Aunque inclinados hacia la postura del gobernador, los señores del cabildo
albergaban otro tipo de temores. Para ellos, lo sucedido en Quito “no era una
asonada, ni una de aquellas conmociones populares que se reprimen y desvanecen
a poca costa: es una positiva y formal rebelión, de vasto plan, y miras muy
extensas” (A.C.C, f. 121 r). Lo preocupante para el cuerpo era que de nuevo las
autoridades recurrieran a solicitar donativos para financiar una guerra que pudiera
detener las innovaciones quiteñas, y se llegara el caso extremo de hacer
extracciones forzosas. Si algo se le temía a las innovaciones era cuando éstas
traían consigo nuevas y pesadas cargas pecuniarias (Delumeau, 1989, p. 75 – 76).
El cabildo juzgó que hacer un repartimiento entre el vecindario podría ser
contraproducente y realizar una solicitud de donativos cuando poco tiempo atrás se
había recolectado para la guerra contra Francia, era algo desalentador. La opción
que vislumbraron era hacer uso del erario real; y por lo delicado que era intervenir y
hacer uso de esto, prefirieron sugerirlo al gobernador para que lo consultara al
Virrey (A.C.C, f. 121 v).

1. Temores en el cabildo, rumores en la ciudad

Temores en el Cabildo.

La turbación ante lo inesperado obligó a los señores del cabildo a seguir
sesionando de manera extraordinaria. Cualquier novedad podía aparecer en las
calles de la ciudad de un momento a otro. Se temía cualquier cosa y sin dilación el
alférez real, don Antonio Tenorio, acompañado del procurador general, don
Cristóbal Mosquera, recorrió las calles del barrio San Francisco recogiendo todas
las armas blancas y de fuego que los habitantes tenían. A San Agustín fueron el
regidor don Ignacio Castro y don Manuel Olave formando un listado de las armas
que se acopiaban de manos de los habitantes. A imitación de los anteriores
pasaron por San Camilo los regidores don Toribio Rodríguez y don Manuel José
Barona; estando don Antonio Arboleda y don Manuel José Borja encargados de
ejecutar la misma medida de prevención en el barrio El Altozano (A.C.C, f. 33 v).
Pero no era suficiente con recolectar las armas de los moradores para aquietar el
ánimo del cabildo. Se temía también por lo que se podría andar diciendo por ahí
sobre los asuntos de gobierno o sobre cualquier otra circunstancia relativa a esta
materia. Por eso también se acordó contener las palabras de los mismos señores
que sesionaban en la sala, para que lo que en su interior se hablara no saliera de
los presentes a los habitantes de la ciudad; y en un intento por regular las
posibilidades de lo decible en público, se acordó:

"Que para evitar los riesgos y malas consecuencias que trae la libertad de
difundir especies, aunque solo sean imprudentes contra los acuerdos, y
deliberaciones, que se hayan tomado, o de esparcir otras que puedan inspirar
temor, o desalentar los ánimos, celen todos los vocales, y con mayor
vigilancia denuncien a los que resulten culpados de este exceso que recalifica
en las presentes circunstancias como crimen de estad (A.C.C, f. 33 v
)."

Agregaron, además, regular a regatones y pulperos, que en el arrabal del Ejido
esperaban a los portadores de productos para comprarlos y ocultarlos, empezando
a especular con los precios de las frutas y hortalizas cuando en las familias de la
ciudad persistía una dura carestía. Además, los pulperos no dejaban de hablar
sobre lo sucedido; lo que era motivo de mucha desconfianza pues se podía generar
rumores que terminaran “por turbar el orden público” (A.C.C, f. 33 v).
 Estas prohibiciones fueron la voz del pregonero en la plaza central acompañado de todos
los miembros del cabildo de la ciudad.

Pero la expectación de los habitantes era inevitable. El reclutamiento y la formación
de cuerpos militares alteraron de una u otra forma la cotidianidad de las calles.
Estos cuerpos se formaron de acuerdo a la imagen que se tenía de la sociedad y
estuvieron ordenados por distinción de oficio y calidad. Las milicias fueron
conducidas por don Gregorio Angulo; las compañías conocidas como cuerpo de
dragones por don Agustín Serrano; otro grupo fue conducido por Mariano Amaya y
el cuerpo de cívicos, donde estaban los estudiantes y los menores de 20 años, al
comando de don Antonio Arboleda; finalmente se organizó un cuerpo de artesanos,
comerciantes y ancianos para custodiar la ciudad y al gobernador, un cuerpo que la
gente llamó el ejército del Papa y que se entregó a las órdenes de don Lucas
Sánchez de la Flor y don Pedro Segura (Castrillón, 1971, p. 25).

Hacia Pasto marcharon don Gregorio Angulo y un piquete de artillería mandado por
el capitán Moledo, que fueron a batirse con las fuerzas que la junta quiteña había
organizado (p. 28). Durante los meses siguientes en Popayán no se habló de otra
cosa que de la revolución de Quito y los alcances que ésta añadía al estado de
cosas de la Provincia y de la monarquía toda (Arroyo, 1910, p. 487).

Corrillos en las tiendas

A pesar de las prohibiciones del cabildo sobre hablar de asuntos relativos al
gobierno, en aquellas tardes las tiendas de comercio y las pulperías seguían
siendo epicentro de discusiones vespertinas, en torno a las medidas del
gobernador y las novedades que Quito había planteado con su revolución dentro
de la esfera política y el modo de ejercerse el gobierno, además de la recolección
de armas, pólvora, otros pertrechos de guerra y los auxilios bélicos que se
solicitaban a Lima, Santa Fé y Panamá (Castrillón, 1971, p. 32). Pero un tema
específico flotaba álgidamente sobre los habitantes y sus conversaciones. Don
Miguel había puesto en prisión a Joaquín Mariano Meza, Joaquín Cordero y
Mariano Carvajal; todos tres acusados de ser propagadores de especies contra el
gobernador: señalándolo de querer “hostilizar al pueblo” con las medidas militares
que había tomado. Don Miguel los hizo llevar a la cárcel, persuadido por don
Francisco Diago y el doctor Ignacio Castro, quien ya no solo era la pluma ágil al
servicio de gobernador sino también su áulico y espía (p. 30). El tema estaba a la
orden del día y se sabía que su captura solo era un primer acto para desenvolver
un plan con el que se quería atrapar a las verdaderas cabezas que agitaban la
opinión en contra del gobernador. Tras los detenidos se buscaba hacer caer al
doctor Antonio Gil Tejada y a un hombre muy cercano a la casa de don Miguel, el
teniente de gobernador don Santiago Vallencilla, cuyas opiniones empezaban a
ser dudosas en relación a su jefe directo (p. 31).

Al gobernador no solo lo rodeaban los señores Diago y Castro, a su casa y sobre
su oído también se aproximaban: Francisco Antonio, José Ignacio y Joaquín
Rodríguez. José María y sus dos hijos los regidores Felipe y Laureano Grueso.
Don Antonio Carvajal; don Manuel Olave; el alcalde ordinario don Ignacio Alonso
de Velasco y además el alférez real don Antonio Tenorio, quienes lo incitaban a
tomar medidas menos flexibles sobre todo aquel que opinara en contra suya, que
a su juicio era igual que oponerse al rey (p. 30).

En la Calle del Comercio, las tiendas de don Joaquín Caicedo, Agustín, Fernando
y la del juez parroquial, José Antonio Balcázar, eran pequeños epicentros de la
opinión y sus variantes en la ciudad. Cierta tarde, en la tienda del juez parroquial
se habían encontrado don Manuel José Castrillón, el doctor Antonio Gil Tejada, el
teniente de gobernador don Manuel Santiago Vallecilla, don José Cornelio
Valencia, don Mariano Lemos, don Manuel María Quijano y muchos otros más (p.
43). El doctor Antonio Gil Tejada simpatizaba con los sucesos de Quito, su
hermano abogado de la Real Audiencia se encontraba en aquella ciudad y
actuaba como capitán de falange en la revolución (Ortiz, 1944, p. 249). Así, el
doctor confiado de su auditorio, habló con denuedo sobre los temas más
inquietantes, discutiendo sobre las razones de la captura de sus amigos el
escribiente Joaquín Mariano Meza, el tendero Joaquín Cordero y Mariano
Carvajal; una medida opresiva y que según su parecer solo buscaba impedir que
se opinara libremente, intentando así el gobernador, dominar a su antojo a los
habitantes de Popayán (Castrillón, 1971, p. 44).

Pero ese mismo día, por la noche, el dueño de la tienda y juez parroquial José
Antonio Balcázar pasó por la casa de don Manuel José Castrillón, uno de los
contertulios, y lo citó para que se presentara ante el gobernador. Con esta
citación, los otros amigos fueron puestos advertidos sobre el verdadero parecer
del juez parroquial, conociendo además que el gobernador seguía sus pasos y sus
voces (p. 44). A Manuel José, don Miguel le preguntó por lo que se conversaba
en las tardes sobre él en las tiendas de comercio, buscando también conocer
algunos nombres, pero don Manuel José Castrillón no entregó a sus amigos y
logró liquidar el tema sin generarle sospechas al informal cuestionario (p. 46). De
todas formas ya estaban más que al descubierto y don Miguel le dijo a su citado:
que el gobernador solo escudaba y conservaba los derechos de los habitantes,
agregando además que de quienes realmente se debía temer era de ciertas
familias de la ciudad que, no contentos con tener cuadrillas numerosas de
esclavos buscaban someter a los demás (p. 47).

Don Miguel tenía diseminados por toda la ciudad muchos que le servían de oídos
para poder saber qué se decía de él en la ciudad; y medir así el ambiente político
que se visibilizaba en las conversaciones de los moradores en las tiendas y en los
rumores que se extendían de persona en persona por todos los lugares donde
más de dos podían trabar conversación.

Reuniones nocturnas y propaganda diurna

Si en las tardes las tiendas ofrecían la posibilidad de hablar pese a las
prohibiciones, en las noches, las casas de algunos de los contertulios vespertinos,
eran el lugar apropiado para leer los panfletos incendiarios de las imprentas de
Santa Fé y Venezuela, donde se proponía la igualdad representativa en la Junta
Central, además de algunos periódicos peninsulares que narraban los paulatinos
triunfos de Napoleón (Arroyo, 1910, p. 487).

En la casa de don José Mariano Lemos Hurtado, sesionaba una especie de club
(López, 2007). Don Mariano era un abogado y comerciante que recibía los
periódicos y gacetas peninsulares y su suegro, don Francisco Ventura Fajardo,
simpatizaba activamente con las posturas de su yerno. A las reuniones asistía don
Antonio Arboleda Arrechea, cuñado de don José María Mosquera, miembro de
una familia de mineros y hacendados; su participación era una conexión con la
tertulia santafereña del observatorio astronómico de Francisco José de Caldas, de
quien era amigo personal, conservando una constante correspondencia científica y
política (Ayerbe, 1907, p. 2 – 4). Al grupo se unía el profesor de Caldas, don José
Félix de Restrepo, de vocación por la lectura los naturalistas y filósofos llamados
modernos (Quintero, s.f). Acudía igualmente a las sesiones el profesor del Real
Colegio don Toribio Migues Rodríguez, quien regentaba la cátedra de filosofía y
había disertado años atrás en torno a la ética y el libre albedrío, además de
practicante de derecho durante seis años en el estudio del profesor Restrepo
(A.C.C, f. 55r).

Asistía además el cuñado de don Toribio, don Francisco Antonio Pombo, hermano
de Miguel Pombo -naturalista colaborador de Caldas-. Igualmente don Ignacio del
Campo Larrahondo, comerciante natural del señorío de Vizcaya (A.C.C, 1802, f.
145 -150) quien mantenía en Popayán conexiones con el influyente grupo
científico y político de su provincia natal, la Sociedad Vascongada, lo que permitía
al grupo acceso a información privilegiada que circulaba en la península. Ignacio
Torres, hermano menor del abogado y profesor Camilo Torres, era también uno de
los contertulios. Asimismo, los hermanos Santiago, Mariano y José Antonio Pérez
de Arroyo. Mariano era sacerdote y Santiago filósofo, teólogo y canonista, además
de ex-vicerrector del Rosario y abogado de la Real Audiencia de Santa Fé
(Arboleda, 2007). También concurrían los abogados Antonio Gil Tejada, Juan
Antonio Rebolledo y Mariano Barona; Ignacio Antonio Fernández, Felipe Largacha
y Juan M. Medina. Alrededor de la tertulia flotaban algunos hombres como el
primo de los Pérez de Arroyo, don Francisco Antonio Ulloa, quien desde Santa Fé
obtenía algunos libros que enviaba al círculo de Popayán (Arroyo, 1910, p. 554).
Este grupo heterogéneo en formación y condición, estaba compuesto por
abogados, profesores, comerciantes y hacendados unidos por amistad, los lazos
familiares y las relaciones adquiridas en la escolaridad del Real Colegio
Seminario, en su actividad en la abogacía, en los intercambios económicos y en la
incipiente actividad científica. De cara al devenir de los acontecimientos era un
grupo que tenía en común una sensibilidad formada a la luz de las lecturas y
discusiones conjuntas, que de una u otra forma había logrado inquietar sus
ánimos.

En las secas de agosto de 1810 llegó a la ciudad don Carlos Montufar,
comisionado por la Regencia con el propósito de buscar la pacificación total de
Quito y restablecer las relaciones con Popayán y el resto de la Provincias
(Castrillón, 1971, p. 32). El 3 de Agosto, el comisionado recibió en Popayán la
nueva sobre el asesinato en la cárcel de Quito de varios líderes de la revolución
de 1809; este acontecimiento despertó el temor de nuevos enfrentamientos. Y
mientras se temía una nueva reacción popular al sur de la Provincia de Popayán,
llegó el 11 de agostó la novedad de Santa Fé, que terminó por exasperar aún más
el turbado espíritu de don Miguel y el comisionado (Arroyo, 1910, p. 487).

Lo primero que hicieron, a los días siguientes, fue citar un cabildo abierto. El
propósito de Miguel Tacón y Carlos Montufar fue establecer en Popayán una
Junta de Seguridad. Este cuerpo, a pesar de llevar el título de junta y constituirse
además bajo una noción representativa, tenía sus bases ancladas en el pasado,
pues su composición era la viva expresión de la imagen que predominaba sobre la
comunidad, ideada como una cabeza y un cuerpo que aglutinaba otros
estamentos de la comunidad. La junta tenía como cabeza a don Miguel Tacón y el
cuerpo estaba formado por varios representantes que en nada ampliaban esta
noción y su participación al común, pero sí encarnaban la continuación de las
nociones políticas. Por el clero fue nombrado el maestro de escuela, doctor don
Andrés Marcelino Pérez; por la nobleza, don José María Mosquera; por el cabildo
fue nombrado representante don Antonio Arboleda y por el pueblo su contertuliano
don Mariano Lemos Hurtado y también don Manuel Dueñas (A.C.C, 1840, f. 2r –
2v). La junta eligió por secretario a don Francisco Antonio Ulloa, quien en ejercicio
de sus funciones por medio de pliegos se dispuso a enviar notas con un tono
novedoso y liberal para que el resto de las ciudades de la provincia de Popayán
enviaran sus respectivos representantes para poder deliberar sobre las
circunstancias. A la ciudad de Cali, la Junta envió a los contertulios Antonio Gil
Tejada y al hijo de don Ignacio Larrahondo, don Mariano Larrahondo, para que
esta ciudad se uniera rápidamente a la Junta de Seguridad (Arroyo, 1910, p. 488).

Don Miguel tuvo que aceptar todo guardando silencio, pues estando el rey preso,
la Junta Central extinguida, la Regencia con poco poder de acción; y en la Nueva
Granada el virrey depuesto por una conmoción popular, y las demás provincias en
alarma, todo era resumidamente un contexto que no le permitía otro tipo de
opciones al gobernador. Y ante este panorama, intentando mantener su posición
de gobernante en la ciudad, tuvo que liberar a Joaquín Mariano Meza, Joaquín
Cordero y Mariano Carvajal, una medida aconsejada por el comisionado don
Carlos Montufar, que antes de partir a Quito a formar una junta similar a la de
Popayán, apremió al gobernador a mantener la quietud en la provincia. El
gobernador atendiendo estos consejos también liberó el estanco de aguardiente
que le sirvió para ser obsequiado con ¡vivas! de parte del común, que era la clase
cuya supervivencia más dependía de la producción de este licor (Castrillón, 1910,
p. 31 – 32). Por noches sucesivas la plaza fue el lugar para un encuentro festivo
del común en celebración de la junta y el aguardiente libre de gravamen.

Pasaron las semanas y la Junta de Seguridad no había podido sesionar a plenitud
por diferencias con las otras ciudades de la provincia. Al alférez don Antonio
Tenorio muy poco le había gustado esta idea de formar una Junta, que de una u
otra manera le restaba poder al cabildo. Esto motivó al alférez a buscar la forma
de hacer caer la Junta de Seguridad. Y no pudiendo ésta sesionar completamente,
don Antonio vio la oportunidad precisa para empezar a argumentar la sujeción que
se debía a la Regencia, la cual llevaba el sagrado nombre del rey. Con este
argumento se dividió al común en dos bandos, los que apoyaban la junta y los que
veían como única figura legítima al gobernador, subsidiario de la autoridad del rey.
El alférez encabezaba a los amigos del gobernador conocidos como taconistas.
Don Antonio Tenorio logró esparcir todo tipo de rumores sobre don Antonio
Arboleda, que era el representante del cabildo en la Junta de Seguridad, pero
también amigo de ciertos abogados y profesores que solían reunirse en las
noches o en alguna tienda con opiniones sospechosas. El secretario de la Junta
don Francisco Antonio Ulloa también fue blanco de las intrigas del alférez (Arroyo,
1910, p. 488).

Estando dividida la comunidad entre juntistas y taconistas, con actores cada vez
más antagónicos que simultáneamente desconocían a su adversario, el
gobernador se alió con los frailes. El guardián del convento franciscano, fray
Francisco Gruesso era miembro de una casa de filiación directa con el
gobernador, lo que permitió que los frailes franciscanos Antonio Gutiérrez, Juan
de Dolores y Gaitán, Zamora, Domingo y Ramírez, unidos al gobernador:

"Corrieron de puerta en puerta de las tiendas, y casas del pueblo y llorar sobre
las inocentes mujeres y sus hijas hablándoles de que la junta era el mal más
grande que el cielo mandaba a los pueblos y aclamaban ¡Infelices! Muy
pronto verán los esposos separados, violadas nuestras doncellas hijas,
manchado el lecho nupcial, y prostituidas las viudas. El altar será el pesebre
de los caballos, y los vasos que usan para el sacrificio de Dios serán las
copas de la disolución. Se va a perder la religión de nuestros padres (A.C.C.,
1840, f. 3r – 3v).
"

Toda esta propaganda, estaba claramente dirigida a las mujeres de la ciudad, lo
que era la expresión del peso demográfico y social de las mujeres; pues ellas
pasaban en número a los hombres y sus roles dentro de la comunidad se
diseminaban en múltiples actividades y oficios cotidianos (Pérez, 2005, p. 217 –
242): el sostenimiento de una casa, el cuidado de los hijos y el celo constante por
mantener, a pesar de la carestía los alimentos familiares. Muchas de las tiendas y
pulperías de la ciudad de Popayán estaban regidas por mujeres, y los frailes
corrieron por cada una con arengas que hacía ver en riesgo el honor -violadas
nuestras doncellas hijas…- de las mujeres de la ciudad y la conservación de la
religión. La acción respondía a un saber por parte de los frailes de los valores más
profundos de la comunidad. La retórica de los frailes ubicó estos valores a punto
de caer en el abismo, y con ellos, el largo pasado del que eran herederos y del
cual la religión era el testimonio en el presente del mundo en el que habían nacido
ello(a)s, sus madres sus padres, sus abuelo(a)s y sus ancestros. Tocar esta fibra
sensible bastó para que la comunidad viera en don Miguel la figura del protector
de estos valores y de los sentimientos más íntimos que ellos despertaban. Esta
retórica se venía usando desde la proclama para recoger los donativos y costear
la guerra contra Francia. Pero esta vez no era el pregonero el que leía algún folio
redactado en el estudio de don Ignacio Castro; sino el fraile que de puerta en
puerta de cada tienda, donde los habitantes de la ciudad se reunían a conversar,
corrieron con la propaganda de fidelidad y defensa del rey y de la autoridad que
de él emanaba, encarnada en la ciudad por el gobernador y el cabildo. Atacar al
Gobernador era como atacar a la religión y cometer un grave pecado contra Dios.
Los frailes franciscanos no dudaron en usar ejemplos que sirvieran de testimonios
a sus elocuentes palabras, diciendo, entre otras cosas, que la plaga de langosta
que había azotado los campos y sus sembrados con la carestía que los moradores
de la ciudad vivía, era el primer castigo de Dios por revelarse contra el Rey
(A.C.C., 1840, f. 3v). Este anuncio escatológico, de ser el primer castigo, no solo
despertaba el temor por la ira divina, sino que también tocaba la fibra más
cotidiana y próxima a la realidad de todos los habitantes de la ciudad, que
envueltos en estas circunstancias, vivenciaban el hambre explicada por los frailes
como un castigo divino.

Ante estos hechos y viendo los avances del gobernador sobre la opinión del
común, una noche a finales de octubre de 1810, en la tertulia de don Mariano,
decidieron alarmar de nuevo a sus partidarios y se propusieron reinstalar una junta
antes de que le llegaran los refuerzos militares enviados al gobernador desde
Lima o entrara a la ciudad el comandante vencedor en Juananbú, don Gregorio
Angulo (Castrillón, 1971, p. 34). El club contaba entre sus planes con las milicias
que estaban acuarteladas en el palacio episcopal al mando de don Antonio
Arboleda y don Ignacio Torres, amigos indudables del grupo y de sus intenciones.
Esa noche todo el plan quedó delineado para el día siguiente, que empezaría con
el llamado a una reunión en el convento de Santo Domingo.

Desafiando al Tirano, Congratulando al Gobernador

No todos los púlpitos ni todos los monjes de la ciudad se entregaron a realizar
propaganda divulgando el derrumbe de la religión con la caída del gobierno
español. Otros como fray Juan Granada, fray Mariano Paredes y fray Pedro
Paredes, toleraban dentro de los muros de su convento a los juntistas y a sus
opiniones. Fray Juan Granada era el capellán de la Virgen del Rosario, cofradía de
la familia de de don Antonio Arboleda, y por lo tanto, de amplias conexiones
con todos sus familiares y parientes. El fraile sirvió positivamente a los planes de la
junta, dejándolos esa mañana reunirse en la casa de Dios, y así evadir el peligro
de caer por orden del gobernador en manos del comandante Moledo, o en la de
cualquier regidor del cabildo; estropeando con esta reacción lo acordado la noche
anterior (Arroyo, 1910, p. 489).

Pero a pesar del sigilo con el que habían pactado encontrase al día siguiente, sus
movimientos eran seguidos por muchos ojos que vieron entrar algunos hombres al
convento dominico. Rápidamente se empezó a hablar de: Mariano Lemus, Ignacio
Larrahondo, Mariano Valencia y Valencia, Miguel Quijano, Pedro Antonio Nates,
Francisco Antonio Pombo, Juan Antonio Ibarra, el cura rector Francisco Mosquera,
el profesor Toribio Migues Rodríguez, José María Buendía, José Pérez de Arroyo,
Francisco Antonio Rebolledo, Manuel Varona, Calixto Sandoval, Matías Carvajal;
los recientemente liberados Joaquín Mariano Mesa y Joaquín Cordero; Serafín
Ibarra y Javier Valencia. Vieron a uno o a otro, pero el número de personas era
notable, e imposible de evitar despertar suspicacias con su movimiento entre los
moradores de Popayán (Castrillón, 1971, p. 38).

El gobernador al conocer estas alteraciones buscó la forma de salir de la ciudad y
se fue temprano para la estancia, donde el contador real don Antonio Mendizábal
tenía una quinta alquilada. El juez parroquial, José Antonio Balcázar, que una vez
denunció a los tertuliadores con el gobernador, corrió por su barrio, el de San
Francisco, de casa en casa, acompañado del sargento Mariano Guevara,
poniendo en conocimiento de los habitantes que los insurgentes querían de nuevo
actuar y se estaban reuniendo en Santo Domingo (p. 36). El barrio del juez
parroquial, aledaño al convento franciscano, por su abierta y enérgica simpatía
hacía el gobernador, era el de mayores peligros para los juntistas. Y, desde luego,
un punto de apoyo para el gobernador y los moradores que estaban de su lado,
sobre un sector clave, como es el común de los habitantes de la ciudad, que por
su número y capacidad de acción eran un estamento irremplazable para conservar
o legitimar novedades dentro del estado de cosas que conformaban el presente de
la comunidad.

El cabildo, alertado por los movimientos en las calles de la ciudad y los rumores
que circulaban, se reunió extraordinariamente. En el barrio Santo Domingo se
había decidido enviar ante el cabildo a don Francisco Ximenez Ulloa, primo de los
Pérez de Arroyo, todos miembros activos de la tertulia. Ximenez Ulloa expuso
elocuentemente que el pueblo se había reunido en Santo Domingo y solicitaba a
las autoridades que le permitieran convocarse legalmente para discutir qué hacer
ante las circunstancias en que se encontraban. En la sala capitular se hallaban el
alcalde Ignacio de Velasco, los regidores José Solís, Juan Antonio Cajiao, Juan
Francisco y Felipe Grueso, el alférez Antonio Tenorio y el juez parroquial
Francisco Antonio Balcázar (p. 37). Los señores, después de escucharlo, le
negaron tal solicitud argumentando que era una herejía que el pueblo se
inmiscuyese en los asuntos de gobierno. Pero a Ximenez Ulloa no le bastaba esta
respuesta y le resumió a su auditorio las circunstancias de la monarquía,
totalmente subyugada ante el poder de Napoleón. A su juicio, el cabildo era un
cuerpo que apoyaba su autoridad y gobierno en el rey, estando don Fernando VII
preso y el resto de las autoridades peninsulares depuestas, el cabildo ya no era
más que un “cuerpo muerto, ya corrompido” (p. 38). Además les expresó que si no
se les permitía reunirse legalmente, lo harían por la fuerza siguiendo el ejemplo de
otras ciudades, lo que intimidó a los señores reunidos que levantaron la sesión y
se fueron a sus casas.

La comisión, encabezada por Mariano Lemos, tuvo que esperar mucho más
tiempo para hablar con Miguel Tacón. Regularmente, ante la ausencia del
gobernador, era el teniente Manuel Santiago Vallecilla, la autoridad que lo
reemplazaba, pero éste Santiago también estaba comprometido con los planes de
los juntistas. Después del teniente, la jerarquía ubicaba al alcalde como el
interlocutor legal, pero don Ignacio de Velasco buscó ocultarse de todos después
de la discusión con Ximenez Ulloa.

Tacón no pudo estar todo el día por fuera de la ciudad. El entusiasmo de algunos
habitantes por la junta, los temores de los capitulares y las presiones de las
familias cercanas a su casa lo hicieron regresar y presentarse ante la comisión
que se encontraba armada de puñales ocultos y a la que solicitó quietud,
prudencia y sosiego evitando alterar demasiado los escenarios entregándose a
estrepitosos escándalos (p. 39). Y mientras el gobernador le daba largas a la
comisión que buscaba la creación de una junta, José Solís llegó a nombre del
cabildo para pedir castigo contra Francisco Ximenez de Ulloa, que en la mañana
de ese día había expresado extrañas palabras, de terribles consecuencias. Esta
intervención alteró más los ánimos y Tacon, buscando seguir manteniendo el
equilibrio y su posición de gobernante, intentaba quedar bien con todos y así rogó
al señor José Solís no referirse indecorosamente al pueblo reunido en el barrio
Santo Domingo. Tratando de lograr la serenidad en la sala, mandó a llamar a los
señores José María Mosquera y a Ignacio Torres. Ante las circunstancias,
Mosquera se ofreció como garante de la seguridad de los comisionados,
invitándolos también a disuadirse para poder congregarse con tranquilidad al día
siguiente. La comisión no cedió hasta que el gobernador puso el parque y el
cuartel de veteranos en sus manos, nombrando a Ignacio Larrahondo y a Manuel
Varona como comandantes, los que con celeridad se apoderaron del cuartel y
colocaron preso al teniente Moledo con el apoyo de otros más que esperaban
noticias dentro del claustro de Santo Domingo (p. 41 – 43, 47).

Al día siguiente, el gobernador aceptó la reunión para discutir los problemas
planteados. Como sede, se escogió la sala de la Tercera Orden en el convento
franciscano, un espacio custodiado por los frailes seguidores del gobernador.

En esta sesión del 30 de octubre de 1810 (Arroyo, 1971, p. 489), por parte de los
juntistas, peroraron Mariano Larrahondo, Antonio Gil Tejada y Francisco Antonio
Ximenez de Ulloa, quienes expusieron los deterioros de la monarquía española y
su incapacidad de acción, lo que los obligaba a tomar medidas conducentes a
organizar el gobierno en la provincia como en la ciudad; cuerpos que por las
circunstancias estaban totalmente acéfalos. Pero para Ignacio Velasco, José
María Grueso, José Solís y otros más, tal acefalía solo era una banal excusa para
deponer al gobernador que seguía siendo la autoridad de la provincia y por lo
tanto su cabeza legítima. Así las cosas se decidieron a votar teniendo el
gobernador 32 votos y la junta 83 (p. 40). Pero el asunto aún no quedaba
liquidado, pues faltaba por resolver la forma de la nueva junta o si solo sería la
restauración de la anterior.

Entonces los juntistas argumentaron que lo único que se estaba buscando era
seguir el ejemplo de España donde, ante las mismas circunstancias, las juntas de
gobierno habían ejercido la autoridad reasumiendo la soberanía. Este argumento
era, por su contenido, un punto irrefutable que hizo ceder un poco al gobernador
diciendo que él se hacía entonces a un lado y permitía que el pueblo reunido
tomara las decisiones que quería. Esta decisión del gobernador enardeció más los
ánimos de los mineros Juan Francisco y Felipe Grueso, de José Ignacio y Joaquín
Rodríguez y Manuel Olave, quienes impidieron esta escena que terminó por
liquidarse cuando los juntistas expresaron que no querían deponerlo, sino solo
instalar una junta similar a la de seguridad, donde él mantenía la cabeza del
cuerpo que debía esta vez congregar a las demás ciudades de la provincia. La
discusión de nuevo encontró un punto sin salida que se liquidó en el momento en
que el gobernador se levantó y se fue del convento diciendo que al otro día citaría
a una nueva junta. Ante estos hechos, Pedro Nates, uno de los comisionados,
advirtió con el puñal en la mano que velaría toda la noche para que ningún fraile
franciscano saliera por el barrio a alterar a los moradores (p. 49 – 50).

Al día siguiente, muy temprano, el gobernador Tacón citó a los juntistas para las
once, pero, antes de la hora, envió de nuevo a su escribano cancelando todo
hasta nuevo aviso. El gobernador se encerró en su casa, redobló la guardia que
permitía el acceso de sus fieles amigos (p. 51). Intereses familiares y pecuniarios
compactaban el círculo de los aliados del gobernador. Juan Antonio Cajiao era
funcionario de la contaduría real (A.C.C., f. 1 - 6).Los regidores Gruesso
Rodríguez también entraron a la casa. Estos hermanos eran hijos del español
Patricio Gruesso de Agreda que llegó a mediados del siglo XVIII y se casó con
Maria Isabel Rodríguez, matrimonio que unía los intereses de las dos familias.
Luego su hijo Felipe Matías afianzaría la unión cansándose con su prima Carlota
Rodríguez, ejemplo que continuó su hermano José Laureano que se unió con
Baltazara Rodríguez (Arboleda, 1962, p. 192, 389 – 390). Desde la llegada de don
Patricio, la familia Gruesso Rodríguez mantenía un asiento dentro del cabildo que
durante estos acontecimientos ocupaba don Felipe Matías y Francisco Gruesso. El
abogado, José Ignacio Castro, al igual que los Gruesso, venía de un tronco
familiar reciente y de parentesco con los Rodríguez, pues su padre era el médico
español Antonio Castro casado con Catalina Rodríguez (p. 104 - 105). Don José
Diago, administrador de tabacos, era español de nacimiento que había llegado a
Popayán pocas décadas atrás, uniéndose en matrimonio con María Manuela
Angulo, hermana del capitán de milicias don Gregorio Angulo (p. 143 – 144). Don
José Solís era español también llegado en la segunda mitad del siglo XVIII.
Además se unirían algunos hombres de la familia Urrutia (A.C.C., 1840, f. 4v) y
Juan Antonio Obando, hacendado del Patía, descendía de una familia vernácula
de Pasto que ganaba reconocimiento de parte del gobernador quien lo tenía
dentro de sus cercanos (Arboleda, 1962, p. 312). De todas formas, el grupo que
rodeaba a don Miguel tenía mucho que perder si removían al gobernador; si las
eventualidades políticas mudaban el gobierno, posiblemente se frenaría el terreno
ganado dentro de la esfera del reconocimiento social dejando por fuera a algunos
funcionarios. Pero si ganaban, podrían verse favorecidos con mayores
oportunidades y dadivas económicas que alimentaran sus deseos.

Durante tres noches, el común se reunió en la plaza, gritando ¡muera el tirano!
Arengas que no intimidaron al gobernador e hicieron temer lo peor a los juntistas,
que se vieron impulsados a detener cualquier intento de asalto a la casa de don
Miguel Tacón. Fortalecido por la llegada de tropas desde Pasto, el gobernador no
abandonó la ciudad y conservó el gobierno español impidiendo la instalación de
una junta gubernativa. Este triunfo del gobernador y sus áulicos fue celebrado en
las calles y plazas de la ciudad y el mismo pueblo que se reunió a gritar ¡muera el
tirano! se concentró de nuevo en la plaza para aclamar al gobernador.

Del cabildo a la plaza: un desplazamiento de la política.

La simultánea reacción de las ciudades coloniales, ante la ausencia del rey en
1808, gestó una situación extraordinaria para las autoridades españolas en
América, en especial para los cabildos, cuyos miembros fueron situados en un
contexto radicalmente novedoso que los impulso a actuar conforme a la tradición
política española (Guerra, 1993, p. 115 – 148). La reacción, inicialmente, se
desarrolló bajo la orientación del pactismo, noción que estimulaba la reasunción
de la soberanía política por parte de los cuerpos que conformaban el Corpus
Mysticum Politicum de la monarquía católica hispánica (p. 33 – 61). Las ulteriores
consecuencias se encuentran ligadas a la esta reacción. Por un lado emerge la
tradición política como la referencia mas apropiada, pero se crea un contexto que
permite nuevas situaciones, donde ese retorno a la tradición será paradójicamente
una puerta que se abre a la gestación de formas y escenarios propios de la
modernidad.

Para François-Xavier Guerra, la coyuntura abrió la puerta para la transición de la
política antigua a la política moderna (Guerra, 1998c, p. 109 – 133). Este autor
propone observar la intromisión de las comunidades en la plaza como un
mecanismo de trasferencia entre la antigua forma de hacer política y la que
empieza a gestarse en América Latina. Claramente observa que la elite hace
intervenir al pueblo en la plaza pública, en las calles de la ciudad, como
espectadores de los nuevos ritos o como agitadores que legitimen las
determinaciones asumidas. Lo relevante es el pueblo reunido en la plaza como
expresión de legitimidad (p 136 – 137). Esto es visible en Popayán, tan pronto se
tiene noticia en 1808 de la prisión del monarca empieza a desarrollarse una serie
de temas y preguntas que no sólo se redujeron a los miembros del cabildo, sino
que involucraron a otros miembros de la comunidad. La revolución de Quito de
1809 aceleraría este movimiento, convirtiendo paulatinamente la plaza en el
escenario de estos temas e inquietudes.

Decisiones del gobierno de la ciudad que habían estado reducidas generalmente a
la discusión dentro de unos pocos hombres, fueron convertidos en dos años, en el
tema de rumores cotidianos, conversaciones en tiendas, arengas y discusiones de
muchos hombres y mujeres que habitaban la ciudad. En la comunidad, asuntos
que en 1808 sólo pertenecían a la esfera privativa del cabildo, estaban al cabo de
dos años en la esfera del dominio público, de lo conocido por la mayoría de los
moradores de la ciudad.

En Popayán, dos posiciones opuestas se enfrentaron en la ciudad durante estos
dos años cruciales. Pero las dos posturas tuvieron presente una situación común:
para lograr legitimar su posición, la calle y la plaza, se convirtieron en el escenario
inestimable de legitimación política. Esta condición implicó convocar por medios
heterogéneos y particulares a las circunstancias y posiciones de cada actor social,
al común de los habitantes de la ciudad. Esta situación propició el desplazamiento
mencionado, cuyas consecuencias no fueron súbitas, puesto que solo era un
primer paso en un largo proceso.

Otra circunstancia que contribuyó de manera decisiva a presionar este
desplazamiento, tuvo igualmente el itinerario de lo privado a lo público. Muchos
hombres hicieron de la privacidad de sus cuartos el centro de discusión y lectura
común, forjando con esta experiencia colectiva un espíritu crítico que estimuló
muchas jornadas y discusiones relativas a las nuevas circunstancias que se fueron
gestando. Ahora bien, muchos de estos intereses no pueden entenderse distantes
de la cotidianidad de sus actores. En este sentido, la polarización –taconistas vs.
juntistas- estuvo afianzada más en elementos pragmáticos y generacionales que
sólo en ideales de renovación. Para Agnes Heller, la generación es un límite en la
vida cotidiana, pues los miembros de una generación “han vivido y absorbido
determinados puntos históricos, más o menos a la misma edad” (Heller, 1977, p.
388). Entre los dos bandos descritos anteriormente la generación parece marcar la
postura asumida. Mientras los amigos del gobernador eran descendientes de
familias instaladas en la ciudad poco tiempo atrás, los juntistas generalmente eran
hijos de familias más antiguas en la ciudad. Su formación parece ser otro índice de
esta diferencia. Los juntistas están más próximos a una cultura letrada, que los
impulsa leer instruirse secretamente del mismo modo que a informarse a través de
periódicos de las circunstancias que rodean su tiempo.

Por otro lado, si observamos al común gritando en la plaza contra el gobernador y
días después congratulándolo, podemos notar el peso del pragmatismo. Del
mismo modo que si detallamos los intereses que rodeaban a los amigos del
gobernador Tacón, generalmente funcionarios de la administración colonial.
Cuando se trata de defender la vida o los intereses particulares, son estos los
atenuantes para asumir una postura política. Para Agnes Heller, “la actitud de la
vida cotidiana es absolutamente pragmática” (p. 58) y este matiz nos ayuda a
mirar estas acciones desde su cotidianidad y no sólo desde los ideales que los
discursos de la época y la historia decimonónica les situaron. En tal sentido, el ser
realista o patriota involucraba mucho más que una aspiración idealista,
comprometiendo en su postura elementos heterogéneos que provenían de la
particularidad de su vida cotidiana.

Lo radicalmente nuevo, como lo ha notado Guerra, es la apertura de nuevos
escenarios. La plaza no tendría el mismo sentido, no sería la misma pues ya no
estaba reservada para los ritos católicos o las funciones en honor al rey. El
desplazamiento descrito abrió la puerta del cabildo y dejó salir a la plaza los
asuntos de gobierno que plantearon a la cotidianidad de los habitantes nuevos
temas, nuevas inquietudes y nuevas preguntas que inevitablemente la comunidad
respondió con los elementos que el pasado proponía. Por esta situación, nociones
como Corpus Mysticum Politicum no perderían visibilidad pero si entrarían a ser
parte de nuevos escenarios y discusiones. En algunos casos sería esta tradición el
límite que obstaculizaría los proyectos e intereses de quienes deseaban romper
con el andamiaje colonial. Pero el movimiento emanado de la península era como
una fuerza telúrica que no permitía que las cosas mantuvieran en todas partes el
mismo lugar que habían conservado. Y aunque se intentara mantener un estado
de cosas, otras novedades seguirían llegando a la ciudad tensionando aun más a
los moradores de la ciudad y las imágenes de las que eran herederos.

Fuentes documentales

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Fecha de recepción: 29 de abril de 2009
Fecha de aprobación: 21 de septiembre de 2009

 

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