DESAFÍO INDÍGENA EN EL CAUCA
Domingo 15 de julio, 2012
De: Mario Pachajoa Burbano
http://mariopbe.com/
mariopbe@gmail.com
 

Amigos:

Iván Noguera
, periodista Enviado especial del diario colombiano
El Tiempo
presenta un articulo actualizado de la situación indígena
en el departamento del Cauca en la República de Colombia.

Cordialmente,

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Desafío indígena en el Cauca
Por: IVáN NOGUERA | 9:54 p.m. | 14 de Julio del 2012
El Tiempo. Bogotá.

Su movilización contra la guerrilla y la fuerza pública complica aún más el panorama.


"Que los actores armados no estén más en nuestro territorio; la guardia indígena está presente". Esta frase -traducida de la lengua nasa- resuena desde esta semana como un mantra en las montañas de Toribío, Miranda, Corinto y otros municipios del norte del Cauca, donde este grupo de indígenas han levantado sus bastones de mando para exigir la salida de la guerrilla y de la fuerza pública de la región, una opción rechazada de plano por el Gobierno y que los expertos consideran a todas luces inviable.

Quienes conforman este ejército sin uniformes ni armas son hombres, mujeres, médicos tradicionales, ancianos y hasta niños pertenecientes a la guardia indígena, una institución nacida en el 2011 en el seno del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ante el recrudecimiento de la guerra en esas montañas.

La 'rebelión' es pacífica, pero no simbólica. Desde la primera acción, la retirada el lunes de las trincheras que la policía había instalado en el casco urbano de Toribío, el movimiento ha ido tomando posiciones en varias de las poblaciones más castigadas y ha conseguido una repercusión internacional inédita.

La cruzada cuenta, según sus líderes, con el respaldo de los resguardos del norte del Cauca, de unos 3.000 guardias indígenas de Toribío y de 10.000 en todo el departamento. Pero su verdadera fuerza, aseguran, radica en "una historia de lucha de 500 años", de la que recuerdan capítulos como el enfrentamiento de la cacica La Gaitana contra los conquistadores españoles en el siglo XVI o el levantamiento de Quintín Lame de 1914, el germen de la lucha indígena por la tierra en esta zona.

Las reivindicaciones

Revestidos de esta suerte de mística ancestral, aseguran que los siete días de movilización que llevan hasta ahora son apenas el principio de una reivindicación que incluye no solo la expulsión de los actores armados, sino también el respeto de la autonomía y de las autoridades indígenas y que se les permita un diálogo con la guerrilla para facilitar una negociación. "La llave de la paz es de todos", afirma Luis Acosta, quien hace parte del equipo de Coordinación Nacional de la guardia indígena.

La gota que derramó el vaso de los nasa -ganadores en el 2000 del Premio Nacional de Paz- fueron los ataques de las Farc el pasado fin de semana en Toribío, que dejaron 11 personas heridas y cientos de desplazados. Los indígenas tienen perfectamente inventariadas las atrocidades que motivan su levantamiento. "Desde 1983 llevamos 14 tomas, más de 400 hostigamientos y centenares de heridos", señala Marcos Yule, gobernador del cabildo de Toribío.

Muchos de estos ataques los han llevado a protagonizar movilizaciones similares, como la del 2007, cuando unos 400 miembros de la guardia indígena se desplazaron en chivas hasta San Vicente del Caguán (Caquetá) para rescatar a tres miembros de su comunidad secuestrados por las Farc. Tras 20 días de presión, lograron llevarlos de vuelta al Cauca.

"Guerrilla, paramilitares y fuerza pública, en su objetivo de atacar al otro, causan desplazamiento, muertos y heridos", dice Gabriel Pavi, exalcalde de Toribío y consejero indígena, que en 1997 fue declarado maestro de la sabiduría por la Unesco.De ahí su resolución de hacer control territorial y no permitir más acciones bélicas en la zona.
Demostraciones de poder

Completamente desarmados, los indígenas les han plantado cara a guerrilleros, militares y policías, y hasta el momento han ganado todos los pulsos. El mismo día que desmantelaron las barricadas de Toribío, unos 300 indígenas increparon a dos grupos de guerrilleros que realizaban retenes en los alrededores. "Se les dijo que los hostigamientos que realizan afectan a la comunidad y que debían retirarse de las proximidades del municipio".

El martes, en el segundo día de su avanzada, otros 500 se tomaron el cerro Las Torres, donde tiene asiento una base militar que custodia tres antenas de comunicaciones. "Hubo un intento de contener con gases a la comunidad, pero ante la cantidad de gente que llegó, pararon esa acción", narra un líder comunitario.

El miércoles, mientras el presidente Juan Manuel Santos adelantaba un consejo de ministros en Toribío, la guardia indígena fue informada de que la guerrilla había instalado dos retenes en la vía que de este municipio conduce a Caloto, y varios grupos salieron en su búsqueda. A dos kilómetros los encontraron y les 'incautaron' seis cohetes. "Los llevaban tres guerrilleros. Los queríamos 'juetiar', como remedio para sacarles el demonio que llevan por dentro, pero no los alcanzamos", cuenta uno de los hombres que participó en la acción.

Algunos reconocen que en varios momentos de tensión ha habido temor de que les disparen, pero advierten que la utilización de la violencia en su contra solo acrecentaría la movilización. El principio fundamental de la guardia indígena es la defensa de la vida, pero el coordinador Feliciano Valencia es tajante: "Si toca poner muertos, tocará, pero este proceso no se para".
Ceder el control sería inconstitucional

La 'rebelión' en la que entró la comunidad indígena en el Cauca y con la que ha justificado la destrucción de trincheras de la Policía y del Ejército para sacar a la Fuerza Pública y a la guerrilla de las Farc del norte de ese convulsionado departamento es inviable para los constitucionalistas.

Si bien los indígenas alegan que la Constitución, en los artículos 246, 321, 329 y 330 reconoce la autonomía de sus comunidades, expertos aseguran que los derechos de los indígenas no pueden afectar la seguridad nacional. "Las autoridades indígenas son autoridades públicas de carácter especial, con investidura reconocida por la ley. Cuando se plantea expulsar a los actores armados es porque se va a asumir el control social y territorial sobre este, como autoridad pública", dijo Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena (Onic).
Sin embargo, el exmagistrado de la Corte Constitucional y exdefensor del Pueblo Jaime Córdoba Triviño aclaró que la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario sí otorgan una protección especial a las comunidades indígenas en el conflicto, pero eso no significa que tengan el derecho de sacar a la Fuerza Púbica.

"Los indígenas, en el contexto del conflicto, tienen un estatus de personas protegidas por la aplicación del principio humanitario de distinción. Pero eso no se traduce en que la Fuerza Pública no pueda ejercer presencia y realizar operaciones, incluso en territorios indígenas, para cumplir con su misión constitucional de confrontar a la guerrilla y proteger a la población en general", explicó Córdoba Triviño.

Esa misma opinión tiene el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, quien explicó que el mandato constitucional dice que la Fuerza Pública debe estar en todo el territorio nacional. "No hay una zona vedada, así sea territorio indígena", dijo. Y agregó: "Los territorios de estas comunidades no son zonas independientes. Si bien el Estado ha reconocido a estas poblaciones unos privilegios -como tener una guardia indígena para ejercer control sobre determinadas conductas en su territorio-, eso no los sustrae de la condición de ciudadanos ni de someterse al cumplimiento de la Constitución".

Pero la Onic insiste en que la guardia indígena está llamada a ejercer control social y territorial por la defensa de sus vidas.

"La declaración de Naciones Unidas establece que no se podrán militarizar los territorios indígenas a menos que se haya concertado con la comunidad, o que la comunidad lo solicite, o por razones de orden público, como ocurre actualmente. Esa concertación no se ha dado", manifestó Arias.

Precisamente, el exmagistrado Córdoba Triviño explicó que en estos casos, en los que comunidades protegidas han quedado en medio del conflicto, "lo que se debe hacer es una invocación de las partes para que no pongan en riesgo a la población indígena".

Lo cierto es que todos los expertos coinciden en que las vías de hecho en este caso no tienen fundamento jurídico. Incluso, el exprocurador Arrieta advirtió que, si se insiste en esa conducta, los indígenas podrían incurrir en faltas sancionables o delitos. "Decir que ellos pueden manejar la seguridad y que pueden sustituir a la Fuerza Pública es inconstitucional", concluyó.
Una batalla de más de 50 años

Casi desde sus orígenes, a mediados de los 60, las Farc inscribieron con sangre su nombre en la historia del Cauca. En una de sus primeras acciones, directamente comandada por 'Manuel Marulanda', atacaron a bala un bus escalera en Inzá. Entre las víctimas mortales, 17 en total, quedaron dos monjas, que figuran en la larga lista de condenas contra el fundad or de ese grupo guerrillero.

En un escenario propicio, marcado por la difícil geografía -algunas de las montañas más altas del país y selvas inexpugnables en la costa del Pacífico-, el abandono estatal y la pobreza de sus habitantes, los grupos ilegales han construido una amplia red logística y militar que no solo defiende sus corredores de seguridad, sino los cultivos de coca, que llegan a las 6.000 hectáreas, y sobre todo de marihuana.

En el Cauca se cosecha la 'punto rojo' y el 'cripi' -dos de las variedades de 'yerba' más valoradas en el mercado ilícito-. Además, desde esta zona, las Farc se conectan con puntos de retaguardia claves: Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo y Nariño.

Catorce frentes guerrilleros están dedicados a proteger su principal fuente de financiación y a mantener la presión en esos corredores estratégicos. La 'máquina' del terror está concentrada hoy por hoy en el frente sexto y la columna móvil Jacobo Arenas.

Los dos hacen parte del comando conjunto de occidente de las Farc, cuyo máximo jefe es Francisco González, alias 'Pacho Chino', un indígena que hace 25 años se unió a la guerrilla y hoy es considerado uno de los objetivos principales de las autoridades.

Su centro de operaciones está en Suárez, donde el año pasado cayó el máximo jefe de las Farc 'Alfonso Cano'. Sus hombres de confianza son precisamente los jefes del sexto frente y de la Jacobo Arenas, con incidencia en Toribío, Corinto, Miranda, Padilla, Caloto, Caldono, Jambaló, Morales, Inzá, Páez, Belalcázar e incluso Santander de Quilichao.

En esa zona se esconde el emblemático guerrillero Miguel Pascuas, alias 'Sargento Pascuas', jefe del sexto frente y quien por su edad quedó a cargo de las políticas ideológicas de esas estructuras. Su segundo hombre y quien realmente maneja el brazo armado es alias 'Jaimito'. También está Carlos Patiño, alias 'Caliche', el jefe de la Jacobo Arenas.

Estos cabecillas han instalado escuelas de entrenamiento -tanto militar como ideológico- y de trabajo de milicias o las hoy llamadas redes de apoyo al terrorismo (Rat), que operan en los cascos urbanos y no solo entregan información, sino que utilizan a la población civil para refugiar a guerrilleros.
¿Por qué es tan difícil para la Fuerza Pública controlar esa zona? En el Cauca hay hoy por lo menos 8.000 hombres de la Policía y el Ejército concentrados en combatir a las Farc y, pese a eso, el departamento sigue siendo foco de hostigamientos y ataques constantes de esa guerrilla.

El Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad Sergio Arboleda señala que el año
 pasado ocurrieron 103, y este año, a junio, iban 47, aunque el Ejército insiste en que muchos de ellos son respuesta a la ofensiva de la Fuerza Pública en zonas a las que antes no llegaban.
Pero es innegable que a las condiciones agrestes de la región, que terminan favoreciendo a la guerrilla, se suma la desconfianza de los pobladores y de la comunidad indígena en la Fuerza Pública y el mismo Estado, al que por décadas le han reclamado vías y oportunidades.

Iván Noguera
Enviado especial de EL TIEMPO
Toribío (Cauca)

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